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La consultante y su cónyuge invirtieron en contratos de compra de oro con una empresa que no entregó el oro ni devolvió el dinero y contra la que la Audiencia Nacional sigue un procedimiento penal por estafa masiva. Presentaron denuncia policial en febrero de 2023. La DGT concluye que los derechos de crédito no se encuentran en situación que permita la imputación de pérdida patrimonial en IRPF conforme al artículo 14.2.k) LIRPF.
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