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Un contribuyente pregunta si los atrasos de una pensión de jubilación tras una sentencia judicial pueden aplicar la reducción del 30% y si los gastos de abogado son deducibles. La DGT determina que los atrasos se imputan al año en que la sentencia es firme y que sí procede la reducción del 30% por tener un periodo de generación superior a dos años.
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