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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso contra la calificación negativa de un registrador que se negaba a inscribir un mandamiento de la Audiencia Nacional. La resolución subraya que, aunque los funcionarios deben cumplir las resoluciones judiciales, los documentos deben cumplir las exigencias del sistema registral para evitar la indefensión del titular registral (art. 24 CE). El caso se deriva de la nulidad de contratos de derecho de superficie y la consecuente orden de cancelación de asientos en las fincas registrales 12.091, 12.092 y 12.093.
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