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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso contra la calificación negativa de un registrador de la propiedad. El conflicto radica en si un mandamiento judicial que ordena la resolución de una compraventa y la reinscripción de la finca a favor de un cesionario debe incluir explícitamente la cancelación de una hipoteca de rango posterior (art. 18 y 19 Ley Hipotecaria). El caso analiza la prelación de rangos cuando una condición resolutoria tiene prioridad sobre una carga hipotecaria inscrita posteriormente.
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