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La resolución publica un acuerdo entre el Estado y Cantabria para simplificar procesos administrativos, derivado de la Ley 2/2025 de Cantabria. Se establece un plazo de tres meses para la adaptación de los procedimientos, conforme a lo acordado en el Grupo de Trabajo. Este cambio busca reducir burocracia y acelerar la gestión administrativa en el territorio autónomo.
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Las empresas en Cantabria deben adaptar sus procesos administrativos dentro de un plazo de tres meses para cumplir con la simplificación prevista. Los trabajadores y asesores en el sector público podrán acceder a servicios más rápidos y transparentes. Las administraciones regionales y estatales reducen costes operativos y tiempos de respuesta. Las pymes y autónomos con procesos administrativos complejos deben revisar sus trámites y coordinar con las autoridades locales.
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