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Para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la norma impone la obligación de garantizar la seguridad como un proceso integral, desde la concepción hasta la retirada de sistemas de información, alineándose con el Esquema Nacional de Seguridad. Para la ciudadanía, esto busca reforzar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios públicos digitales gestionados por este departamento. No se prevén cambios operativos directos para empresas o particulares, salvo la mejora en la protección de sus datos frente a incidentes.
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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