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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso contra la negativa de una registradora a inscribir una compraventa realizada por una entidad religiosa. La resolución establece que, si el notario ha dado fe de la suficiencia de las facultades representativas tras examinar la documentación (estatutos, actas y certificados), el registrador no puede reevaluar dicho juicio salvo que exista una contradicción flagrante o error manifiesto (art. 98 Ley 24/2001).
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Para las entidades religiosas y sus representantes, la resolución refuerza la seguridad jurídica de sus actos notariales, impidiendo que el registrador imponga requisitos de acreditación adicionales a los ya validados por el notario (art. 98 Ley 24/2001). Para los notarios, confirma la autonomía de su juicio de suficiencia en la calificación de la representación legal frente a la calificación registral.
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