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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso contra la calificación negativa de una registradora que pretendía exigir aclaraciones sobre supuestas contradicciones en una sentencia (rebeldía vs. allanamiento). Se establece que la función calificadora registral no puede revisar la motivación judicial ni la apreciación de la conducta procesal de las partes, ya que la sentencia es cosa juzgada (art. 207 LEC).
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Para los particulares y abogados que buscan inscribir sentencias, se garantiza la seguridad jurídica frente a posibles trabas registrales basadas en la interpretación de hechos ya juzgados. Los registradores quedan limitados a verificar las formalidades extrínsecas del documento, sin poder invadir la esfera jurisdiccional ni cuestionar la suficiencia de la motivación judicial (STS 9/10/2018).
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