Los nuevos residentes fiscales no podrán aplicar la reducción por inicio de actividad

El acceso a la reducción por inicio de actividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) está sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos temporales y de residencia. Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) clarifica las consecuencias para aquellos contribuyentes que comienzan a operar en España antes de adquirir la condición de residentes fiscales.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta analiza la posibilidad de aplicar la reducción del 20% sobre el rendimiento neto obtenido en el ejercicio en que se inicia una actividad económica. El criterio de la Administración establece que, para que esta reducción sea procedente, el inicio de la actividad debe coincidir con la condición de contribuyente del IRPF.

En el caso analizado, el contribuyente inició su actividad económica en 2023 bajo el régimen de no residentes. Al pasar a ser residente fiscal en España durante el ejercicio 2024, la DGT determina que no se cumple el requisito de inicio de actividad para este nuevo periodo impositivo. El hecho de que la actividad ya estuviera en marcha antes de la residencia impide que el contribuyente se acoja a este beneficio fiscal en su primera declaración como residente.

Qué significa para ti

Este criterio afecta directamente a los expatriados y profesionales que deciden establecer su base de operaciones en España antes de formalizar su residencia fiscal. Si usted ya desarrolla una actividad económica bajo el régimen de no residentes, el sistema tributario no considerará que existe un "inicio de actividad" en el momento en que usted pase a tributar por el IRPF.

En la práctica, esto implica que la reducción del 20% sobre el rendimiento neto por estimación directa no será aplicable en el año de cambio de residencia, ya que la actividad económica no es nueva respecto al contribuyente, sino que es una continuación de una etapa previa.

Qué conviene hacer

Es fundamental analizar la cronología de la actividad económica y el momento exacto de la adquisición de la residencia fiscal antes de realizar proyecciones financieras. Dado que la normativa de la Ley 35/2006 (LIRPF) es estricta en cuanto a la concurrencia de requisitos, cada situación debe ser evaluada de forma individual para determinar el impacto fiscal de la transición de no residente a residente.