Los propietarios de viviendas ocupadas no tributarán por renta inmobiliaria si inician el desahucio

La gestión de inmuebles que han sido objeto de ocupación ilegal supone un escenario complejo para los propietarios, no solo en el ámbito civil, sino también en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Una reciente resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) establece un criterio determinante para evitar la carga fiscal sobre viviendas que el dueño no puede disfrutar.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta aborda la posibilidad de excluir la imputación de rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando una vivienda ha sido ocupada ilegalmente por terceros contra la voluntad de su propietario. Según el criterio de la DGT, opera la exclusión prevista en el artículo 85.1 de la Ley del IRPF siempre que se haya iniciado el correspondiente procedimiento judicial de desahucio.

Un aspecto clave de esta resolución es el momento en que se aplica la exclusión: esta tiene efecto desde el instante en que se inicia el procedimiento judicial, sin que sea necesario esperar a que se produzca la resolución definitiva o la recuperación efectiva de la posesión. Para que esta medida sea válida, el inicio del proceso deberá acreditarse mediante los medios de prueba admitidos en derecho.

Qué significa para ti

Si eres propietario de una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente, la normativa te permite dejar de tributar por la imputación de rentas inmobiliarias durante el periodo en que el inmueble no esté a tu disposición. Esto supone un alivio fiscal, ya que no tendrás que pagar impuestos por un beneficio patrimonial que, en la práctica, no puedes percibir debido a la ocupación.

Es fundamental entender que la clave no es la recuperación de la vivienda, sino la acción legal de desahucio. Mientras el proceso judicial esté en curso, la exclusión de la renta es aplicable.

Qué conviene hacer

Ante una situación de ocupación, es necesario actuar con celeridad para que el beneficio fiscal sea efectivo desde el menor tiempo posible. Los propietarios deben:

• Iniciar el procedimiento judicial de desahucio de forma inmediata.
• Conservar toda la documentación que acredite la fecha de inicio de las actuaciones judiciales.
• Asegurar que la prueba del inicio del proceso sea sólida para su presentación ante la Administración Tributaria.

Cada situación de ocupación presenta matices distintos, por lo que es necesario valorar la documentación y el estado del proceso judicial para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa.