Las indemnizaciones por resolución de contrato de autónomos no tendrán reducción del 30%

La naturaleza jurídica de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores autónomos económicamente dependientes ha generado dudas sobre su tratamiento fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Recientemente, la Dirección General de Tributos ha aclarado el tratamiento aplicable a estos ingresos tras la resolución de un contrato mercantil.

Qué ha resuelto la DGT

El órgano consultivo ha determinado que la indemnización recibida por la resolución de un contrato de autónomo económicamente dependiente debe integrarse íntegramente como rendimiento de la propia actividad económica. En este sentido, la DGT descarta la aplicación de la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 32.1 de la Ley del IRPF.

El criterio se fundamenta en dos motivos principales:

• La indemnización no es fruto de un periodo de generación superior a dos años.
• El concepto no califica como un rendimiento obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo.

Asimismo, la resolución del contrato no se considera un cese de actividad ni una sustitución de derechos económicos de duración indefinida, lo que impide acceder al beneficio fiscal mencionado.

Qué significa para ti

Si eres un profesional autónomo que trabaja bajo un esquema de dependencia económica y recibes una compensación tras la finalización de tu relación contractual, debes saber que ese importe tributará al tipo general de tus rendimientos de actividad económica. No podrás aplicar la reducción por rendimientos irregulares que suele aplicarse a otros tipos de ingresos extraordinarios.

Este criterio implica que la carga fiscal sobre la indemnización será mayor de lo que algunos profesionales podrían esperar, al no poder reducir la base imponible en un tercio mediante el mecanismo de irregularidad.

Qué conviene hacer

Ante una situación de resolución contractual, es necesario analizar la composición de la indemnización y su encaje en la normativa vigente. Dado que la calificación de estos ingresos depende de la naturaleza del contrato y de la causa de la resolución, cada situación debe ser valorada individualmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar posibles requerimientos de la Administración.