Tributación en la disolución de gananciales por adjudicación de bienes

La extinción del régimen económico de sociedad de gananciales es un proceso que, aunque no constituye en sí mismo una alteración patrimonial, puede desencadenar efectos fiscales relevantes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La Dirección General de Tributos ha precisado el alcance de esta tributación en una reciente consulta vinculante.

Qué ha resuelto la DGT

El criterio de la Administración establece que la disolución de la sociedad de gananciales no supone una alteración patrimonial siempre que la adjudicación de los bienes se ajuste estrictamente a la cuota de titularidad de cada cónyuge. No obstante, el escenario cambia si se atribuyen bienes por un valor superior al que corresponde a la cuota de uno de los titulares.

En este caso, la DGT determina que se genera una ganancia o pérdida patrimonial. El resultado se calcula mediante la diferencia entre los valores de adquisición y los valores de transmisión de los bienes. Es importante destacar que este efecto fiscal se produce independientemente de las siguientes circunstancias:

• Si existe una compensación económica en metálico entre los cónyuges.
• Si la disolución del régimen es total o solo parcial.

Qué significa para ti

Para los particulares que se encuentran en proceso de extinción de su régimen económico, este criterio implica que la mera división de bienes no es neutra desde el punto de vista fiscal si no es proporcional. Si al repartir el patrimonio uno de los cónyuges recibe activos cuyo valor excede su parte proporcional, estará realizando una transmisión de bienes que deberá declarar en su declaración de la renta.

Este hecho puede derivar en una obligación tributaria por ganancia patrimonial, afectando directamente a la liquidación del IRPF del contribuyente que recibe el exceso de valor.

Qué conviene hacer

Ante una situación de disolución de gananciales, es necesario analizar con precisión los valores de adquisición de los bienes y la cuota de titularidad de cada parte. Dado que la normativa de la Ley 35/2006 (LIRPF) y la Ley General Tributaria rigen estas operaciones, se recomienda valorar cada caso de forma individualizada para determinar si la adjudicación de activos conlleva una carga fiscal adicional.