Tributación de los derechos de formación de jugadores en entidades deportivas

La Dirección General de Tributos ha emitido un criterio relevante para las entidades deportivas sin ánimo de lucro que no se encuentran acogidas al régimen de la Ley 49/2002. La cuestión se centra en determinar si los ingresos percibidos en concepto de derechos de formación de jugadores deben tributar en el Impuesto sobre Sociedades o si pueden considerarse rentas exentas.

Qué ha resuelto la DGT

La administración ha establecido que los ingresos derivados de los derechos de formación de jugadores no califican como rentas exentas. El criterio se fundamenta en que estos ingresos derivan de una actividad económica propiamente dicha. Al no estar incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002, estas entidades se consideran parcialmente exentas, lo que implica que solo sus rentas vinculadas al objeto social y que no provengan de actividades económicas gozan de exención.

En este sentido, la DGT señala que:

• Los ingresos por derechos de formación constituyen una actividad económica sujeta al impuesto.
• Deben declararse en el modelo 200 como rentas no exentas.
• Incluso las donaciones o cuotas que tengan como destino específico el financiamiento de dicha actividad económica estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades.

Qué significa para ti

Para las asociaciones y entidades deportivas, este pronunciamiento delimita la frontera entre las rentas exentas y las rentas sujetas. Si su entidad percibe ingresos por la formación y posterior traspaso o derechos de jugadores, debe integrar dichos importes en su base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Es fundamental entender que la naturaleza de la entidad (sin ánimo de lucro) no garantiza la exención si el origen del ingreso es una actividad económica recurrente o profesionalizada.

Qué conviene hacer

Es necesario realizar un análisis de la procedencia de cada ingreso para distinguir correctamente entre las rentas vinculadas al objeto social exento y aquellas que derivan de actividades económicas. Se debe verificar si la entidad cumple los requisitos de la Ley 49/2002 para asegurar el tratamiento fiscal correcto. Cada situación debe ser valorada individualmente para determinar el impacto en el modelo 200 y evitar contingencias ante la Administración Tributaria.