Las víctimas de estafas digitales podrán deducir la pérdida en su IRPF si la acreditan

El fraude en entornos digitales se ha convertido en un problema creciente que afecta directamente al patrimonio de las personas físicas. Ante esta situación, surge la duda sobre si el dinero perdido en estos engaños puede ser utilizado para reducir la carga fiscal en la declaración de la renta.

Qué ha resuelto la DGT

La Dirección General de Tributos ha determinado que el importe perdido debido a un engaño o estafa constituye una pérdida patrimonial, dado que representa una variación negativa en el valor del patrimonio del contribuyente. Al no ser una pérdida derivada de la transmisión de elementos patrimoniales, este importe debe integrarse en la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Sin embargo, la resolución subraya un condicionante esencial basado en la normativa vigente: según el artículo 33.5.a de la Ley del IRPF, no se computarán aquellas pérdidas que no estén debidamente justificadas. La Administración tiene la facultad de valorar si los medios de prueba aportados son suficientes para confirmar la existencia del perjuicio económico.

Qué significa para ti

Si usted ha sido víctima de una estafa en plataformas digitales, tiene la posibilidad de aplicar esa pérdida para disminuir su base imponible general. No obstante, no basta con declarar el movimiento de salida de fondos. La clave reside en la capacidad de demostrar que el dinero no fue una transferencia voluntaria de un bien, sino el resultado de un engaño.

La normativa exige que el contribuyente acredite la pérdida mediante los medios de prueba admitidos en Derecho. Esto implica que la Administración Tributaria analizará la veracidad y suficiencia de la documentación presentada para validar el derecho a la deducción.

Qué conviene hacer

Para que la pérdida sea aceptada por la Administración, es necesario recopilar toda la documentación que permita reconstruir los hechos. Esto incluye:

• Documentación bancaria que certifique el movimiento de fondos.
• Comunicaciones con la plataforma o los estafadores.
• Cualquier otra prueba documental que permita acreditar el engaño.
• Documentación relacionada con posibles denuncias ante las autoridades.

Cada situación es particular y la suficiencia de las pruebas será objeto de valoración por parte de la Administración. Es fundamental valorar cada caso de forma individual para asegurar que la documentación cumple con los requisitos de la Ley General Tributaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil.