Neutralidad fiscal en fusiones por absorción: criterio de la DGT

La Dirección General de Tributos ha emitido un pronunciamiento relevante sobre la aplicación del régimen de neutralidad fiscal en operaciones de reorganización empresarial. La consulta se centra en determinar si una fusión por absorción de una sociedad por otra perteneciente al mismo grupo puede acogerse a los beneficios fiscales previstos en la normativa vigente.

Qué ha resuelto la DGT

El análisis de la autoridad tributaria se ha centrado en la viabilidad de aplicar el régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). La cuestión principal consistía en verificar si la operación planteada cumple con los requisitos legales para evitar la integración de rentas en la base imponible de las sociedades implicadas.

Para que este tratamiento sea aplicable, la normativa exige que la operación se realice bajo condiciones que permitan la continuidad de la actividad y que existan motivos económicos válidos que justifiquen la reorganización, más allá de la mera optimización fiscal. La DGT ha examinado la estructura de la fusión entre la Sociedad B y la Sociedad C bajo el marco de la LIS y las disposiciones del Real Decreto-ley 5/2023.

Qué significa para ti

Para las empresas que operan mediante estructuras de grupo, este criterio confirma la existencia de un marco normativo que permite la integración de sociedades sin que ello suponga un impacto inmediato en la carga tributaria por la integración de rentas. Si la fusión cumple con los requisitos de la LIS, la operación puede ejecutarse manteniendo la neutralidad fiscal, lo que evita la generación de una base imponible adicional en el momento de la absorción.

Qué conviene hacer

La aplicación de este régimen requiere una verificación rigurosa de los requisitos legales y la acreditación de motivos económicos que sustenten la operación. Es fundamental asegurar que la estructura de la fusión se ajusta estrictamente a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Ley General Tributaria. Dado que la neutralidad depende del cumplimiento de condiciones específicas, cada operación debe ser analizada de forma individual para determinar su encaje en la normativa vigente.