Los mayores de 65 años podrán aplicar la exención de IRPF por venta de vivienda aunque no estén empadronados en ella

La aplicación de la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la venta de la vivienda habitual para mayores de 65 años ha sido objeto de una reciente aclaración por parte de la Administración Tributaria. El núcleo del debate reside en si el domicilio de empadronamiento es el único elemento determinante para validar este beneficio fiscal.

Qué ha resuelto la DGT

La Dirección General de Tributos ha determinado que el derecho a la exención prevista en la Ley del IRPF no depende exclusivamente de la inscripción en el padrón municipal. Según el criterio establecido, la exención es aplicable si la vivienda constituye la residencia habitual del contribuyente en el momento de la venta o si lo fue durante los dos años anteriores a la transmisión.

El organismo señala que el hecho de que un contribuyente figure empadronado en un domicilio diferente al de la vivienda que vende no priva, por sí solo, del derecho a la exención. La normativa permite que la residencia habitual se acredite mediante otros medios de prueba admitidos en Derecho ante la Administración, más allá del certificado de empadronamiento.

Qué significa para ti

Si eres una persona mayor de 65 años y planeas vender tu vivienda habitual, no debes asumir que la falta de coincidencia entre tu domicilio de empadronamiento y la vivienda vendida te hará perder el beneficio fiscal. Este criterio protege la realidad de la residencia frente a la formalidad administrativa del padrón.

Sin embargo, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente. Esto implica que, ante una posible inspección o requerimiento de la Agencia Tributaria, deberás ser capaz de demostrar que efectivamente vivías en la vivienda objeto de la venta, independientemente de dónde conste tu inscripción en el municipio.

Qué conviene hacer

Para asegurar la aplicación de la exención, es fundamental contar con documentación que respalde la residencia efectiva en la vivienda. Esto puede incluir facturas de suministros (luz, agua, gas), contratos de servicios o cualquier otro documento que certifique la ocupación real del inmueble durante el periodo requerido por la ley. Es necesario valorar cada situación particular para determinar qué pruebas son las más sólidas en su caso concreto.