Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la elevación a escritura de alquileres

La formalización de contratos de arrendamiento mediante escritura pública conlleva implicaciones fiscales que no siempre se consideran en la fase de negociación. Recientemente, la Dirección General de Tributos ha clarificado el tratamiento fiscal de este acto, vinculándolo directamente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Qué ha resuelto la DGT

La consulta analiza si la elevación a escritura pública de un contrato de arrendamiento de un local comercial está sujeta al gravamen de actos jurídicos documentados. El criterio de la DGT establece que este acto tributa por el concepto de cuota variable de documentos notariales en la modalidad de actos jurídicos documentados.

La resolución se fundamenta en que el documento cumple con el requisito de inscribibilidad en el Registro de la Propiedad. Es importante destacar que la obligación tributaria nace por el hecho de que el documento sea inscribible, independientemente de que las partes decidan o no realizar la inscripción efectiva en el Registro. Para que se produzca el hecho imponible, deben concurrir los siguientes elementos:

• Ser una primera copia de escritura notarial.
• Tener contenido valuable.
• Ser inscribible conforme a la Ley Hipotecaria.
• No estar sujeto a otras modalidades de transmisiones o impuestos.

Qué significa para ti

Este criterio tiene un impacto directo tanto en el ámbito empresarial como en el de los particulares. Las empresas que opten por formalizar contratos de arrendamiento de locales mediante escritura pública deberán afrontar el coste del impuesto AJD. Del mismo modo, los particulares que decidan elevar a público sus contratos de alquiler de inmuebles estarán sujetos a este gravamen.

La clave reside en la naturaleza del documento notarial. Al ser un documento que, por su contenido, puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad, la Administración considera que se ha perfeccionado el hecho imponible del impuesto, sin que la voluntad de no inscribirlo exima del pago.

Qué conviene hacer

Ante la decisión de elevar un contrato de arrendamiento a escritura pública, es necesario considerar el coste fiscal adicional que esto supone. Se recomienda valorar la necesidad de dicha formalización frente al impacto del impuesto de actos jurídicos documentados. Dado que la tributación se genera por la mera capacidad de inscripción del documento, cada situación contractual debe ser analizada para determinar el impacto económico exacto en la operación.