Los herederos liquidarán el Impuesto sobre Sucesiones en la Comunidad Autónoma de residencia del fallecido

La determinación de la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un factor crítico que condiciona la carga tributaria de los beneficiarios. Un error en la elección de la Comunidad Autónoma competente puede derivar en liquidaciones incorrectas o en la aplicación de bonificaciones que no corresponden al territorio legalmente aplicable.

Qué ha resuelto la DGT

La Dirección General de Tributos ha aclarado que la Comunidad Autónoma competente para la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones es aquella donde el causante haya tenido su residencia habitual. Para determinar esta residencia, la administración se basa en el lugar donde el fallecido haya permanecido un mayor número de días durante el periodo de cinco años inmediatamente anteriores al día del devengo del impuesto.

Este criterio busca establecer un vínculo objetivo con el territorio. La normativa aplicable se rige por la Ley 29/1987 de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en relación con la Ley 58/2003 General Tributaria y la Ley 22/2009.

Qué significa para ti

Si usted se encuentra en situación de heredar bienes, la clave para saber qué normativa autonómica le afectará no reside en el lugar donde se encuentren los bienes, sino en el historial de residencia del fallecido. La competencia territorial se define por la permanencia física en un territorio durante los últimos cinco años.

Es fundamental entender que la residencia habitual es una cuestión de hecho. Esto implica que la administración no solo se basará en un certificado de empadronamiento, sino que la permanencia debe acreditarse mediante medios válidos en Derecho que demuestren dónde pasó el causante la mayor parte de su tiempo en ese lustro previo al fallecimiento.

Qué conviene hacer

Ante una situación de sucesión, es necesario realizar un análisis previo del historial de residencia del causante durante los cinco años anteriores al deceso. Es necesario recopilar pruebas que acrediten la permanencia en la Comunidad Autónoma que se pretenda aplicar, ya que la carga de la prueba recae en la acreditación de dicha residencia habitual para evitar discrepancias con la administración tributaria. Se recomienda valorar cada caso particular para asegurar que la liquidación se realice en la jurisdicción correcta.