Una plataforma de subastas solidarias consulta sobre la fiscalidad y requisitos para realizar sorteos. La DGT indica que estas actividades encajan como rifas y requieren licencias o autorizaciones previas.
Cuestión planteada La Plataforma tiene el proyecto de realizar determinados sorteos. Posibilidad de su realización, régimen jurídico-fiscal aplicable y requisitos administrativos.
La organización de rifas y sorteos requiere la obtención de un título habilitante, ya sea mediante licencias generales o autorizaciones para juegos ocasionales. Estas actividades están sujetas al pago de la tasa por gestión administrativa y al impuesto sobre actividades de juego, con un tipo de gravamen del 20% sobre los ingresos brutos.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0965-15 Órgano SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Fecha salida 26/03/2015 Normativa Ley 13/2011. Arts. 3, 9, 10, 12, 48 y 49 Descripción de hechos Plataforma online de subastas solidarias de experiencias cuyo fin es recaudar fondos para entidades sin ánimo de lucro. Cuestión planteada La Plataforma tiene el proyecto de realizar determinados sorteos. Posibilidad de su realización, régimen jurídico-fiscal aplicable y requisitos administrativos. Contestación completa En relación con las cuestiones planteadas, este Centro Directivo informa lo siguiente: El artículo 3 d) de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, define como rifas “... aquella modalidad de juego consistente en la adjudicación de uno o varios premios mediante la celebración de un sorteo o selección por azar, entre los adquirentes de billetes, papeletas u otros documentos o soportes de participación, diferenciados entre sí, ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea preciso realizar una aportación económica. El objeto de la rifa puede ser un bien mueble, inmueble, semoviente o derechos ligados a los mismos, siempre que no sean premios dinerarios”. Entiende esta Dirección General que encajarían en esa definición los supuestos enumerados en el escrito de consulta, es decir, tanto la organización de rifas ocasionales como las participaciones en un sorteo entre donantes a una ONG o en experiencias a facilitar por la Plataforma organizadora. En todos estos casos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 13/2011 sería precisa la obtención de título habilitante, ya las licencias generales por modalidad de juego del artículo 10.1, ya las autorizaciones para la celebración de juegos con carácter ocasional a que se refiere el artículo 12, preceptos que establecen, como es lógico, los requisitos y procedimiento administrativo para la obtención de unas u otras. Las solicitudes y autorizaciones estarían sujetas al pago de la tasa por la gestión administrativa del juego (artículo 48), por importe respectivo de 10.000 y 100 euros –sin perjuicio de las actualizaciones presupuestarias de sus cuantías- así como la autorización, celebración u organización del juego al impuesto sobre actividades de juego previsto en el artículo 49, cuyo apartado 7.9º establece un tipo de gravamen del 20% sobre los ingresos brutos, es decir, sobre el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado de su organización o celebración. No obstante y con independencia del marco legal, dado que en la actualidad solo se autorizan rifas con carácter esporádico u ocasional, se sugiere ponerse en contacto con la Dirección General de Ordenación del Juego de este Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sita en la C/ Atocha, 3 de Madrid (tf. 91-571.40.80). Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.