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Una empresa de restauración en Illes Balears adquiere una vivienda para cederla exclusivamente a sus empleados durante sus contratos laborales, con intención de materializarla en la Reserva para Inversiones en Illes Balears (RIB). La DGT concluye que dicha inversión no es apta para la RIB porque el elemento patrimonial se destina íntegramente a ser cedido a terceros, infringiendo el requisito de permanencia sin cesión.
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