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Una persona con cargo público pregunta si el reintegro de los gastos de abogado y procurador asumidos por su Ayuntamiento tras un proceso penal sobreseído debe considerarse renta en el IRPF. La DGT responde que, si se cumplen ciertos requisitos legales, no existe utilidad ni beneficio particular para el cargo, por lo que no hay incidencia tributaria.
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