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Se consulta si el uso de dinero para atender las necesidades vitales de una persona con discapacidad constituye una disposición de bienes que obligaría a devolver beneficios fiscales. La DGT determina que dicho gasto no se considera acto de disposición a efectos del requisito de mantenimiento del patrimonio.
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Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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