La resolución de 21 de noviembre de 2025 distribuye el suplemento de crédito para financiar el nivel acordado de dependencia establecido en el Real Decreto-ley 11/2025 (art. 1). Este monto se asigna a las comunidades autónomas, que deben gestionarlo conforme a sus necesidades. La publicación en el BOE de esta resolución permite que las comunidades accedan al crédito dentro de un plazo de 30 días desde su recepción (disp. transitoria 2).
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Las comunidades autónomas reciben el crédito para financiar servicios de atención a personas dependientes, lo que puede mejorar la cobertura y calidad de los servicios. Las administraciones regionales deben gestionar el monto en el plazo establecido, con riesgo de incumplimiento si no actúan. Los asesores de políticas sociales deben informar sobre el nuevo flujo de financiación y los plazos de recepción. El sector de atención a la dependencia puede beneficiarse con mayor inversión en servicios.
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