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La Instrucción 1/2026 establece que los tribunales deben adaptar su función de inspección al nuevo modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, conforme a los artículos 171 y 560.1.8 de la Ley Orgánica 6/1985. Los efectos se producen a partir del 30 de enero de 2026, fecha de publicación del texto en el BOE.
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Los tribunales deben reorganizar sus funciones de inspección conforme al nuevo modelo de eficiencia establecido en la Ley 1/2025. Los jefes de tribunales y personal administrativo deben ajustar sus procedimientos. Los asesores de justicia deben actualizar sus informes y planes de gestión para reflejar la nueva estructura. La administración judicial enfrenta un cambio estructural que afecta su operatividad diaria.
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