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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso interpuesto contra la negativa de un registrador de la propiedad a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca. El conflicto surge de la validez de los poderes otorgados por la Comisión Ejecutiva de Banco Santander, S.A. para actuar unilateralmente en la firma de cartas de pago y cancelaciones (Hechos I). La resolución analiza la suficiencia de las facultades acreditadas mediante la elevación a público de acuerdos sociales.
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Para las entidades bancarias, la resolución subraya la importancia de la correcta cadena de poderes y la elevación a público de los acuerdos de sus órganos de administración para garantizar la inscribibilidad de las cancelaciones hipotecarias (Hechos I). Para los particulares, afecta a la seguridad jurídica en el proceso de liberación de cargas registrales tras el pago de préstamos hipotecarios.
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