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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso interpuesto contra la negativa de un registrador a inscribir una cancelación de hipoteca. El conflicto surge de la validez de un poder especial otorgado por la Comisión Ejecutiva de una entidad bancaria para otorgar unilateralmente escrituras de carta de pago y cancelación (Hechos I). La resolución analiza la cadena de poderes y la suficiencia de las facultades acreditadas ante notario para la extinción del gravamen.
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Para los clientes de entidades bancarias, esta resolución refuerza la seguridad jurídica en los procesos de cancelación de hipotecas mediante poderes especiales. Confirma que la acreditación de facultades de representación, incluso mediante elevación a público de acuerdos de órganos de administración, es suficiente para la inscripción registral (Hechos I). Evita bloqueos registrales cuando la entidad bancaria actúa mediante apoderados con facultades específicas de cancelación.
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