Empresas en Cantabria deberán adaptar sus evaluaciones de impacto ambiental

La publicación de la Ley 9/2026, de 23 de julio, de Control Ambiental por parte de la Asamblea de Cantabria marca un punto de inflexión en la gestión de la sostenibilidad y el desarrollo de proyectos en la región. Esta norma, que sustituye el marco normativo vigente desde hace dos décadas, redefine los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y la coordinación con otras áreas de la administración autonómica, afectando directamente a cualquier promotor o entidad que desarrolle actividades sujetas a control ambiental en el territorio cántabro.

Que cambia

El cambio fundamental que introduce la Ley 9/2026 es la sustitución integral del régimen de control ambiental que regía en la comunidad. Según el preámbulo de la norma, se produce la derogación de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, y del Decreto 19/2010, de 18 de marzo. Esto significa que los criterios, plazos y procedimientos que las empresas han seguido durante los últimos 18 años quedan sin efecto legal.

Entre las modificaciones más relevantes destacan:

• Unificación de procedimientos: La norma busca integrar los nuevos procedimientos de evaluación de impacto ambiental con la estructura organizativa de la comunidad autónoma, modificando el anexo II de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, para asegurar una gestión administrativa coherente.
• Conexión con el Patrimonio Cultural: Se introducen modificaciones específicas en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, concretamente en sus artículos 46, 76.2 y 93. El objetivo es que los procedimientos de control ambiental no operen de forma aislada, sino que estén coordinados con la protección del patrimonio cultural, evitando duplicidades o conflictos de competencias en proyectos de gran envergadura.
• Nuevo régimen de autorizaciones: La Ley 9/2026 establece un nuevo marco para las autorizaciones ambientales, lo que implica que los criterios de evaluación de impacto ambiental se ajustarán a los estándares de esta nueva legislación, exigiendo una mayor precisión técnica en los expedientes presentados ante la administración.

Contexto

El marco normativo ambiental en Cantabria se encontraba fragmentado y desactualizado. La Ley 17/2006 y el Decreto 19/2010 habían cumplido su ciclo, pero la evolución de la normativa estatal y europea exigía una actualización que permitiera una gestión más ágil y, sobre todo, integrada. La dispersión de criterios entre la gestión ambiental y la gestión del patrimonio cultural solía generar cuellos de botella en la tramitación de proyectos industriales, energéticos o de infraestructuras.

Con esta nueva ley, la comunidad autónoma de Cantabria se alinea con la necesidad de una administración más transversal. Al modificar leyes preexistentes como la Ley 5/2018 (de organización de la comunidad) y la Ley 11/1998 (de patrimonio cultural), el legislador regional no solo está creando una norma de medio ambiente, sino que está rediseñando la forma en que la administración interactúa con los promotores en procesos que requieren múltiples informes técnicos. Este movimiento es esencial para garantizar la seguridad jurídica en procesos complejos donde la licitacion publica o la ejecución de obras civiles dependen de una resolución ambiental favorable y coordinada.

A quien afecta y como

La aplicación de la Ley 9/2026 es transversal y afecta a distintos perfiles según su capacidad de inversión y el tipo de actividad que realicen en Cantabria:

• Pymes y empresas industriales: Las empresas que operan con actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental deben realizar una auditoría de sus procedimientos actuales. Cualquier proyecto que se encuentre en fase de tramitación o planificación debe verificar si los requisitos de la Ley 17/2006 siguen siendo aplicables o si deben migrar de inmediato al nuevo marco de la Ley 9/2026 para evitar la denegación de autorizaciones por falta de adecuación normativa.
• Autónomos y profesionales técnicos: Ingenieros, arquitectos y consultores ambientales que actúan como proyectistas deben actualizar sus metodologías de trabajo. La integración de la Ley 11/1998 en los procedimientos ambientales significa que los estudios de impacto deberán contemplar, con mayor rigor, la incidencia sobre el patrimonio cultural desde una fase más temprana del proyecto.
• Particulares y promotores de proyectos: Cualquier persona física que pretenda realizar una actividad que requiera control ambiental (desde pequeñas instalaciones hasta desarrollos urbanísticos) queda sujeta a este nuevo régimen. La principal consecuencia es la necesidad de una mayor preparación técnica en la documentación inicial para cumplir con los nuevos estándares de la administración cántabra.

Que hacer y cuando

Dada la naturaleza de la norma, que deroga leyes de larga duración, la transición debe ser gestionada con la máxima diligencia. Aunque la fecha exacta de entrada en vigor de todos sus efectos depende de su publicación oficial y de las disposiciones transitorias que pudieran aplicarse, las acciones recomendadas son:

• Auditoría de proyectos en curso: Identificar todos los proyectos que tengan una autorización ambiental pendiente. Es imperativo consultar con la administración si los expedientes iniciados bajo la Ley 17/2006 continuarán su tramitación bajo ese régimen o si deberán adaptarse a la Ley 9/2026.
• Actualización de protocolos de cumplimiento: Las empresas deben revisar sus manuales de cumplimiento ambiental para asegurar que los nuevos criterios de evaluación de impacto ambiental y la coordinación con el patrimonio cultural queden integrados en sus procesos internos.
• Vigilancia de la normativa de patrimonio: Dado que se modifican los artículos 46, 76.2 y 93 de la Ley 11/1998, los equipos legales y técnicos deben estudiar estas modificaciones para evitar retrasos en las autorizaciones derivadas de la interacción entre medio ambiente y arqueología.

Para asegurar que su actividad cumple estrictamente con este nuevo marco legal y evitar sanciones o retrasos en sus proyectos, recomendamos valorar su situación particular con el área de derecho administrativo de BMC.