Cantabria renueva su control ambiental: la Ley 9/2026 releva a la Ley 17/2006 desde el 29 de agosto

La Ley de Cantabria 9/2026, de 23 de julio, de Control Ambiental, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 29 de julio de 2026 y en el BOE el 8 de agosto de 2026 (BOE-A-2026-17287), sustituye el marco autonómico de prevención y control ambiental vigente desde hace dos décadas. Entra en vigor el 29 de agosto de 2026, al mes de su publicación en el BOC, y desde esa fecha deroga la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y su reglamento, aprobado por el Decreto 19/2010, de 18 de marzo. Un punto merece corregirse frente a lecturas apresuradas: los expedientes ya iniciados no deben adaptarse a la nueva ley, sino que se tramitan y resuelven con la normativa anterior, por mandato expreso de su disposición transitoria primera.

Que cambia

• Derogación del régimen de 2006: la disposición derogatoria única deroga la Ley 17/2006 y el Decreto 19/2010, además de cualquier norma que contravenga la nueva ley.
• Remisión a la normativa básica estatal: en autorización ambiental integrada y evaluación ambiental, la ley se remite a la legislación básica del Estado en aras de la simplificación normativa, y reserva a la comunidad autónoma el otorgamiento y la vigilancia de las autorizaciones ambientales integradas y de las evaluaciones ambientales no estatales.
• Comprobación ambiental sin órgano colegiado: se suprime la comisión de comprobación ambiental y sus competencias las asume la Dirección General, que emitirá una autorización de comprobación ambiental dirigida al solicitante y al ayuntamiento.
• Declaración ambiental responsable: se regula con mayor detalle esta figura para asuntos de escasa relevancia ambiental que no requieren autorización de comprobación ambiental; su tramitación compete a los ayuntamientos y el anexo IV incorpora el modelo.
• Anexos operativos: el anexo I clasifica las actividades y su instrumento de control, y el anexo II recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial sometidos a evaluación ambiental estratégica.
• Silencio administrativo: la disposición adicional cuarta añade procedimientos ambientales al anexo II de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, la relación de procedimientos en los que el silencio tiene efectos desestimatorios.
• Patrimonio cultural: la disposición final primera modifica los artículos 46, 76.2.c) y 93 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, para exigir el estudio arqueológico en los procedimientos de evaluación ambiental únicamente cuando exista o pueda existir afectación del patrimonio cultural, arqueológico o paleontológico.
• Otras piezas: la disposición adicional primera eleva a rango legal la delimitación de parque eólico, la adicional segunda contempla tasas por autorizaciones e informes ambientales, la final cuarta se ocupa del sistema EMAS y la final quinta ordena un informe bienal de evaluación de la ley al Parlamento.

Contexto

La Ley 17/2006 nació para cubrir los vacíos de la normativa estatal, pero la legislación posterior la dejó superada: la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación (Real Decreto Legislativo 1/2016) y, en el plano europeo, las Directivas 2010/75/UE y 2011/92/UE, a las que se suma la Directiva (UE) 2024/1785 en el marco del Pacto Verde Europeo. La nueva ley reordena el sistema autonómico sobre esa base estatal y europea, refuerza la inspección y las medidas cautelares, impulsa la tramitación electrónica de permisos y la publicación en internet de los permisos de las instalaciones con autorización ambiental integrada, y presta atención específica al sector de pilas y baterías por su relevancia para la transición energética.

A quien afecta y como

• Promotores con expedientes en curso: quienes solicitaron antes del 29 de agosto de 2026 una autorización ambiental integrada, una evaluación ambiental o un informe de comprobación ambiental terminan su tramitación con la normativa vigente en la fecha de la solicitud. No hay deber de adaptación ni riesgo de denegación por no migrar al nuevo régimen.
• Nuevos proyectos desde el 29 de agosto de 2026: las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor se rigen por la Ley 9/2026, con el anexo I como referencia para identificar el instrumento de control aplicable a cada actividad.
• Titulares de autorizaciones vigentes: sus títulos siguen siendo eficaces, pero su modificación, prórroga o extinción se rige ya por la nueva ley (disposición transitoria segunda); y si una instalación no sujeta antes a comprobación ambiental acomete una modificación comprendida en el anexo I, se le aplica el procedimiento de la nueva ley (disposición transitoria tercera).
• Ayuntamientos y técnicos: los ayuntamientos tramitan la declaración ambiental responsable y vigilan las actividades sujetas a ella; proyectistas y consultores deben conocer el nuevo reparto de instrumentos y el criterio de afectación que activa el informe de patrimonio cultural.

Que hacer y cuando

• Antes del 29 de agosto de 2026: quien tenga un proyecto maduro puede valorar con qué régimen le conviene tramitarlo, porque la fecha de la solicitud determina la normativa aplicable a todo el procedimiento.
• Expedientes en tramitación: ninguna actuación exigible; continúan con la normativa anterior hasta su resolución.
• Desde el 29 de agosto de 2026: preparar las nuevas solicitudes conforme a la Ley 9/2026, comprobar en el anexo I el instrumento de control de la actividad y, en actividades de escasa relevancia, utilizar la declaración ambiental responsable del anexo IV ante el ayuntamiento.
• Titulares de autorizaciones: canalizar cualquier modificación, prórroga o extinción por el cauce de la nueva ley y tener presente que los plazos del artículo 51.2 corren desde la entrada en vigor para los instrumentos emitidos con posterioridad.

Si promueve o explota una actividad sujeta a control ambiental en Cantabria y quiere situar su expediente en el régimen correcto, le recomendamos valorar su caso concreto con el área de derecho administrativo de BMC.