Empresas de construcción y gestión de residuos deberán cumplir nuevos protocolos de erradicación de amianto

La Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto, publicada en el BOE-A-2026-17836, establece el marco normativo integral para la eliminación definitiva de esta sustancia en el territorio catalán. Mediante esta disposición, la Generalitat de Catalunya busca asegurar un proceso de erradicación seguro, minimizando los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, a través de la modificación de diversas leyes sectoriales que regulan la gestión de residuos, el urbanismo y la salud.

Que cambia

La nueva normativa introduce transformaciones profundas en la gestión de materiales peligrosos, sustituyendo el modelo anterior por un régimen de erradicación más estricto y coordinado. Entre los cambios más significativos destacan:

• Derogación y sustitución normativa: Se deroga formalmente el artículo 74 de la Ley 3/2023, de 16 de marzo, con el fin de integrar un nuevo régimen de erradicación que sea coherente con los objetivos de salud pública actuales.
• Modificación de la gestión de residuos: La ley modifica el artículo 48 bis del texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, lo que impacta directamente en cómo se clasifican, transportan y eliminan los materiales que contienen amianto.
• Impacto en el urbanismo: Se modifica el artículo 66.4 del texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, obligando a que los procesos de demolición y rehabilitación urbana contemplen de forma obligatoria la detección y gestión de esta sustancia.
• Integración en la normativa de edificación: La norma también altera el artículo 546-13 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, para asegurar que la presencia de amianto sea un factor determinante en la planificación de obras de gran escala.

El objetivo central es evitar la dispersión de fibras de amianto durante las actividades de construcción o demolición, lo que requiere una especialización técnica mucho mayor en los procesos de gestión de residuos peligrosos.

Contexto

El amianto ha sido reconocido durante décadas como una de las sustancias más peligrosas para la salud debido a su capacidad de provocar enfermedades respiratorias graves y cáncer. Hasta la aprobación de esta Ley 8/2026, la normativa se encontraba dispersa en diferentes leyes sectoriales, lo que generaba lagunas en la coordinación entre la gestión de residuos y la planificación urbanística. La necesidad de unificar criterios surge de la urgencia por eliminar los depósitos de amianto existentes en edificios antiguos y en vertederos controlados.

Esta ley no actúa de forma aislada, sino que se inserta en una tendencia europea de endurecimiento de las políticas de salud ambiental y gestión de sustancias químicas peligrosas. Al modificar leyes de residuos y urbanismo ya consolidadas, la norma busca que la erradicación no sea un proceso excepcional, sino una parte intrínseca de cualquier intervención en el entorno construido. Para las empresas, esto implica que la seguridad no es solo una cuestión de cómo evitar sanciones por prevención de riesgos laborales, sino un requisito de cumplimiento normativo ambiental y urbanístico ineludible.

A quien afecta y como

La Ley 8/2026 tiene un alcance transversal que afecta a diversos perfiles de actores económicos y ciudadanos:

• Empresas de construcción (PYMES y Grandes Empresas): Este sector es el más directamente impactado. Las constructoras deberán implementar protocolos de detección previa en cualquier obra de rehabilitación o demolición. El uso de materiales con amianto queda prohibido y la manipulación de los existentes exige certificaciones específicas. Las grandes empresas deberán integrar estos costes y procedimientos en sus presupuestos de obra y en sus políticas de sostenibilidad.
• Empresas de gestión de residuos (PYMES y Grandes Empresas): Los gestores de residuos se ven obligados a especializar sus infraestructuras y procesos de transporte para garantizar que el amianto no contamine otros flujos de residuos. La responsabilidad sobre la trazabilidad del residuo peligroso se endurece conforme a las modificaciones del Decreto Legislativo 1/2010.
• Autónomos (Profesionales de la construcción y gestores): Los profesionales independientes que operan en el sector de la edificación o la gestión de residuos deben asegurar que cuentan con la formación y los equipos de protección necesarios para cumplir con la nueva normativa, evitando riesgos de sanciones administrativas y penales por mala gestión de sustancias peligrosas.
• Particulares (Propietarios de inmuebles): Los propietarios de edificios que contengan amianto y que deseen realizar obras de reforma, rehabilitación o demolición deben considerar que la gestión de este material será obligatoria y estará sujeta a controles estrictos. Esto puede influir en los costes de las obras y en los plazos de ejecución de los proyectos de vivienda.

Que hacer y cuando

El cumplimiento de la Ley 8/2026 requiere una actuación proactiva para evitar sanciones y asegurar la continuidad operativa de las empresas. El calendario de cumplimiento es el siguiente:

• Fase de auditoría interna (Inmediata): Las empresas de construcción y gestión de residuos deben realizar una revisión exhaustiva de sus protocolos actuales de seguridad y de sus procedimientos de gestión de residuos peligrosos para identificar brechas respecto a la nueva ley.
• Actualización de procesos (Antes del 3 de octubre de 2026): De acuerdo con la disposición final 7 de la Ley 8/2026, la entrada en vigor general de la norma se fija para el 3 de octubre de 2026. Todas las empresas deben tener sus nuevos protocolos operativos, de formación de personal y de gestión de residuos plenamente implementados antes de esta fecha.
• Integración en proyectos urbanísticos (A partir de la entrada en vigor): Cualquier proyecto de demolición o rehabilitación que se inicie tras el 3 de octubre de 2026 deberá cumplir estrictamente con las modificaciones introducidas en los reglamentos de urbanismo y residuos.

Para las empresas que participan en procesos de contratación pública, es fundamental que estos nuevos costes y requisitos de gestión de amianto se tengan en cuenta al preparar su documentación para una licitacion publica, asegurando que la capacidad técnica y financiera para la gestión de residuos peligrosos esté debidamente acreditada.

Dada la complejidad técnica y las implicaciones legales de esta norma, recomendamos valorar su situación particular y la de su empresa con el área de derecho administrativo y laboral de BMC para asegurar un cumplimiento total de la normativa.