Andalucía estrena régimen de patrimonio público: la Ley 7/2025 releva a la ley de 1986

La Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA el 31 de diciembre de 2025 y en el BOE el 16 de enero de 2026 (BOE-A-2026-944), releva a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, tras casi cuarenta años de vigencia. Es una norma de derecho administrativo que ordena los bienes y derechos de la Junta de Andalucía y de sus agencias, no una norma tributaria: no crea impuestos ni impone deberes generales de adaptación a empresas o particulares. Entró en vigor el 20 de enero de 2026, a los veinte días de su publicación en el BOJA, conforme a su disposición final décima.

Que cambia

La ley establece una definición amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que abarca el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias cualquiera que sea su título de adquisición, y regula su régimen jurídico completo: adquisición, afectación, uso, defensa y enajenación.

• Mutaciones demaniales: se regulan las mutaciones internas y las realizadas a favor de otras Administraciones públicas, e incorpora como novedad las mutaciones subjetivas, con transmisión de la titularidad del bien, figura que la Ley 4/1986 no contemplaba.
• Ámbito local: la disposición final tercera añade el art. 7 ter a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que habilita la mutación demanial subjetiva: los ayuntamientos y demás entidades locales pueden transmitir bienes demaniales a otra Administración para un uso general o servicio público, con derecho de reversión inscribible en el Registro de la Propiedad si el bien no se destina al fin pactado.
• Régimen sancionador: los arts. 182 y 183 tipifican y sancionan las conductas contra el patrimonio público. Las multas van del tanto al duplo del valor de los daños en los supuestos de deterioro de bienes, y en el resto de infracciones de 600 a 10.000 euros las leves, de 10.001 a 100.000 euros las graves y de 100.001 a 500.000 euros las muy graves.
• Derogaciones: la disposición derogatoria única deroga la Ley 4/1986 y, en su letra f), el capítulo II y la disposición adicional única del Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, cuyo contenido sobre gestión de edificios administrativos queda integrado en la propia ley.
• Otras disposiciones finales: se modifica el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta (concepto de sociedad mercantil del sector público andaluz), la Ley 9/2001 sobre silencio administrativo y la Ley 1/2011 de reordenación del sector público.

Contexto

La Ley 4/1986 y su reglamento de 1987 se dictaron para una administración autonómica mucho más pequeña que la actual. Desde entonces se aprobaron la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de carácter básico, la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía o la Ley 1/2011 de reordenación del sector público, sin que la norma patrimonial andaluza se actualizara en bloque. La nueva ley incorpora la administración electrónica (con un Inventario General de Bienes y Derechos electrónico cuya implantación será gradual según su disposición final décima), la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía y el régimen de la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA (EPGASA) como sociedad instrumental de gestión patrimonial.

A quien afecta y como

• Administración de la Junta y sus agencias: son las destinatarias directas de la norma, que rige la gestión de todos sus bienes. La disposición final novena ordena a las agencias adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el art. 185.2 para los procedimientos sancionadores por infracciones leves, sin plazo tasado ni sanción por demora.
• Entidades locales andaluzas: ganan la herramienta de la mutación demanial subjetiva del nuevo art. 7 ter de la Ley 7/1999 para transmitir bienes demaniales entre Administraciones.
• Empresas y particulares que se relacionan con el patrimonio autonómico: quienes ocupan, usan o explotan bienes de la Junta (concesiones, autorizaciones, arrendamientos) operan desde el 20 de enero de 2026 bajo el nuevo régimen, y cualquier persona que dañe u ocupe sin título un bien público queda expuesta al cuadro de multas del art. 183. Fuera de ese escenario, la ley no les impone obligaciones ni trámites.

Que hacer y cuando

Al tratarse de una ley de organización administrativa, no hay calendario de cumplimiento para empresas ni particulares: no existe ningún plazo de 30 días ni multa alguna de 15.000 euros por falta de adaptación. Las actuaciones razonables son de carácter informativo:

• Desde el 20 de enero de 2026: los titulares de concesiones o autorizaciones sobre bienes de la Junta de Andalucía deben conocer que su relación se rige por el nuevo texto, incluida la vía sancionadora de los arts. 182 y 183.
• Operaciones inmobiliarias con la Administración andaluza: compraventas, permutas, arrendamientos o mutaciones demaniales se tramitan ya conforme a la Ley 7/2025, cuyo procedimiento conviene revisar antes de negociar.
• Entidades locales: pueden valorar la mutación demanial subjetiva del art. 7 ter de la Ley 7/1999 como vía para ordenar traspasos de bienes entre Administraciones.

Si su actividad implica bienes o contratos con la Administración andaluza y quiere conocer el efecto de este nuevo marco en su posición, le recomendamos valorar su caso concreto con el área de derecho administrativo de BMC.