La norma reconoce que el Senado puede exigir la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno por accidentes ferroviarios, conforme al art. 73.1 de la Ley Orgánica 2/1979. Este derecho se aplica específicamente a los incidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 y en las líneas R1 y R4 de Rodalies (Catalunya) el 20 de enero de 2026. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2026 rechaza dicha exigencia, pero el Tribunal Constitucional declara el conflicto entre órganos constitucionales.
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El Senado puede ejercer su derecho constitucional para exigir la comparecencia del Presidente del Gobierno en casos de accidentes ferroviarios graves. El Gobierno enfrenta una obligación legal de explicar las causas, lo que puede generar presión política. Los asesores de gobierno deben evaluar el riesgo de un conflicto constitucional y preparar respuestas jurídicas. Las administraciones ferroviarias deben estar preparadas para posibles investigaciones o auditorías derivadas de la comparecencia.
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