Deducción del 60% por obras de rehabilitación energética en edificios residenciales

La Dirección General de Tributos ha emitido un pronunciamiento sobre la aplicación de los incentivos fiscales destinados a la mejora de la eficiencia energética en el ámbito residencial. El foco de la consulta se centra en la posibilidad de aplicar la deducción prevista en la normativa vigente para las obras realizadas en edificios de uso residencial.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta analiza la viabilidad de aplicar la deducción establecida en la disposición adicional 50ª de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF). El análisis técnico se fundamenta en el marco normativo introducido por el Real Decreto-ley 19/2021 y el Real Decreto-ley 8/2023, los cuales regulan los incentivos para la reducción del consumo de energía primaria no renovable y la mejora de la eficiencia energética.

Qué significa para ti

Este criterio tiene una incidencia directa en los propietarios de viviendas situadas en edificios de uso residencial. Si usted es propietario y lleva a cabo obras que cumplan con los requisitos de reducción de consumo energético o mejora de la eficiencia, podría tener derecho a una deducción del 60% en su declaración de la renta. Es fundamental que las actuaciones se realicen en el edificio y que se cumplan estrictamente los parámetros técnicos de ahorro energético exigidos por la normativa para que el beneficio fiscal sea efectivo.

Qué conviene hacer

Para asegurar la correcta aplicación de este incentivo, es necesario verificar que las obras cumplen con los objetivos de reducción de demanda energética o de consumo de energía primaria no renovable. Se recomienda:

• Contar con certificados de eficiencia energética emitidos antes y después de la obra.
• Conservar toda la documentación técnica que acredite la mejora obtenida.
• Analizar la situación particular de la vivienda y el tipo de obra realizada para confirmar que encaja en los supuestos de la Ley 35/2006.

Cada escenario de rehabilitación requiere un análisis detallado de la normativa aplicable para determinar si se cumplen los umbrales de ahorro exigidos.