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Un farmacéutico consulta cómo deben atribuirse los rendimientos de una comunidad de bienes donde otros comuneros reciben una retribución por su trabajo. La DGT responde que dichas cantidades no son rendimientos del trabajo, sino parte del rendimiento de la actividad económica atribuible al comunero.
Forma de atribuir al consultante los rendimientos obtenidos por la comunidad de bienes.
Las entidades en régimen de atribución de rentas no son contribuyentes, sino que las rentas se atribuyen a sus miembros manteniendo la naturaleza de la fuente. Si la comunidad desarrolla una actividad económica, los rendimientos se atribuyen según los pactos o, en su defecto, por partes iguales. Las cantidades que un comunero perciba por su trabajo no son rendimientos del trabajo, sino que forman parte del rendimiento de la actividad económica de la entidad. Por tanto, dichas cantidades no son un gasto deducible para la comunidad, sino que incrementan la participación del comunero en el rendimiento neto.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0057-22 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 14/01/2022 Normativa LIRPF. Ley 35/2006. Arts. 8, 88, 89 y 90 Descripción de hechos El consultante es farmacéutico y miembro de una comunidad de bienes que explota una oficina de farmacia junto con otros dos farmacéuticos. Los rendimientos obtenidos por la comunidad se distribuyen entre los comuneros en función de su porcentaje de participación en la comunidad, y adicionalmente los otros dos farmacéuticos perciben una retribución por los trabajos prestados para la comunidad. Cuestión planteada Forma de atribuir al consultante los rendimientos obtenidos por la comunidad de bienes. Contestación completa Las entidades en régimen de atribución de rentas (concepto que incluye las comunidades de bienes, entre otras) no constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 8.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF. Por su parte, el artículo 88 de la LIRPF establece que las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios, herederos, comuneros o partícipes tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de ellos. Lo anterior supone que en el supuesto de una entidad en régimen de atribución de rentas que desarrolle una actividad económica los rendimientos atribuidos mantendrán ese mismo carácter de rendimientos de actividades económicas. Ahora bien, para lo que hasta aquí expuesto resulte operativo es necesario que la actividad económica se desarrolle como tal por la entidad, es decir, que la ordenación por cuenta propia de medios de producción y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios -elementos definitorios de una actividad económica- corresponda a la entidad en régimen de atribución de rentas. Con ello se quiere decir que todos los comuneros o socios deben asumir el riesgo del ejercicio empresarial, esto es, que los efectos jurídicos y económicos de la actividad recaigan sobre todos ellos. Este desarrollo de la actividad por la entidad procede acotarlo con otra matización: la aplicación del régimen de atribución de rentas exige que en el supuesto de existencia de normas específicas que regulen el ejercicio de determinada actividad, tales normas permitan su ejercicio por la entidad. De cumplirse dichos requisitos, los rendimientos de actividades económicas se entenderán obtenidos directamente por la entidad en régimen de atribución de rentas, atribuyéndose a los socios, comuneros o partícipes según las normas o pactos aplicables y si éstos no constaran a la Administración tributaria en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales (artículo 89.3 de la LIRPF). Si, conforme con lo anterior, la actividad se desarrolla en el caso consultado por la comunidad de bienes, los rendimientos que un comunero pueda percibir por su trabajo o la prestación de determinados servicios en la comunidad no se integran en el IRPF como rendimientos del trabajo, sino que su integración se realiza por la vía del régimen de atribución de rentas, constituyendo para el comunero una parte del rendimiento de la actividad económica obtenido por la comunidad que le resulta atribuible, ya que se trata de una mayor participación de ese comunero en el rendimiento de la entidad. Consecuencia de la calificación anterior es que las cantidades percibidas por el comunero por su trabajo en la comunidad no constituyen para la entidad gasto deducible para la determinación del rendimiento neto, precisamente, por constituir una mayor participación de ese comunero en el rendimiento neto de la comunidad. Por tanto, el comunero que trabaja en la actividad percibirá una retribución, determinada contractualmente, por la aportación de su trabajo. Además, se atribuirá el porcentaje que le corresponda, según los pactos establecidos, del rendimiento neto restante, es decir, una vez minorada dicha retribución. Utilizando a título de ejemplo las cifras que el consultante aporta (16.800 euros de sueldo anual para cada uno de los dos restantes comuneros y 160.000 euros de rendimiento neto anual obtenido por la comunidad, correspondiendo al consultante el 60% del porcentaje de participación en la comunidad, y a cada uno de los restantes comuneros el 20%) y sobre cuyos cálculos solicita confirmación, y a efectos meramente aclaratorios, sin que se fijen dichas cifras como cifras reales, resultaría un rendimiento neto a atribuir al consultante de 75.840 euros y de 42.080 euros a cada uno de los comuneros restantes. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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