Rescisión Concursal: Defensa Frente a la Reintegración de Activos al Concurso

La rescisión concursal es la acción regulada en los arts. 226-239 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) que permite a la administración concursal impugnar y dejar sin efecto los actos realizados por el deudor en los 2 años anteriores a la declaración del concurso cuando han sido perjudiciales para la masa activa del concurso. La acción de rescisión concursal no requiere probar el fraude del deudor ni el conocimiento del estado de insolvencia por el tercero: basta con que el acto sea objetivamente perjudicial para los acreedores del concurso. El TRLC establece presunciones de perjuicio absolutas (iuris et de iure) para los actos a título gratuito y para el pago anticipado de deudas no vencidas, y presunciones relativas (iuris tantum) para los actos con personas especialmente relacionadas con el deudor (socios, administradores, empresas del grupo). Los terceros afectados pueden defenderse acreditando que el acto fue ordinario del giro o tráfico del negocio o que no fue perjudicial para la masa. BMC, en colaboración con Herrera García Abogados, defiende a terceros demandados en incidentes de rescisión concursal y presta asesoramiento preventivo a empresas que se aproximan a la insolvencia para identificar el riesgo de rescisión de sus operaciones recientes.

¿Ha recibido una demanda de rescisión concursal?

La rescisión concursal sorprende a muchas empresas y personas que realizaron operaciones ordinarias con un cliente, proveedor o socio comercial que posteriormente entró en concurso. Cuando la administración concursal analiza el patrimonio de la empresa insolvente, una de sus primeras tareas es identificar los actos realizados en los 2 años anteriores al concurso que pueden haber perjudicado a los acreedores — y ejercitar las acciones de rescisión para recuperar esos activos para la masa del concurso.

El alcance es más amplio de lo que parece. No solo los socios y administradores de la empresa insolvente están expuestos. Cualquier contraparte de operaciones realizadas en los 2 años anteriores al concurso puede recibir una demanda de rescisión: el proveedor que cobró una deuda vencida poco antes del concurso, el banco que recibió una hipoteca de refuerzo en la refinanciación, el comprador de un activo de la empresa a un precio que la administración concursal considera inferior al de mercado, o la empresa hermana del grupo que recibió un préstamo intercompany.

El mito de que “si actuaste de buena fe estás protegido” es incorrecto en la rescisión concursal. A diferencia de la acción pauliana del derecho civil, la rescisión concursal no requiere que el tercero conociera la insolvencia del deudor. Lo que importa es si el acto fue objetivamente perjudicial para los acreedores del concurso — y si lo fue, el tercero debe devolver lo que recibió (aunque tiene derecho a recuperar su contraprestación como crédito concursal).

Cómo funciona la rescisión concursal: período de retroacción y presunciones de perjuicio

Requisitos de la acción de rescisión (art. 226 TRLC)

Para que la acción de rescisión concursal prospere, la administración concursal debe acreditar:

1. Período de retroacción: el acto se realizó en los 2 años anteriores a la fecha de declaración del concurso (no al día de solicitud).
2. Perjuicio para la masa activa: el acto disminuyó el activo, aumentó el pasivo o alteró desfavorablemente la posición de los acreedores.

El perjuicio para la masa activa puede ser de varios tipos: (1) perjuicio directo, cuando el deudor transmite activos sin recibir contraprestación equivalente o paga deudas de forma preferencial; (2) perjuicio indirecto, cuando el acto mejora la posición de un acreedor en detrimento de los demás.

Las presunciones de perjuicio del art. 228 TRLC: cómo funcionan y cómo rebatirlas

La prueba del perjuicio no siempre recae íntegramente en la administración concursal. El art. 228 TRLC establece presunciones que facilitan la acción:

Presunciones absolutas (art. 228.1) — no admiten prueba en contrario:

• Los actos a título gratuito: donaciones, condonaciones de deuda, transmisiones sin contraprestación. Estos actos se presumen perjudiciales sin necesidad de ninguna prueba adicional.
• El pago de deudas no vencidas en el momento del pago: si la empresa pagó antes del vencimiento a algún acreedor, se presume el perjuicio para los demás acreedores.

Frente a estas presunciones absolutas, la defensa del tercero solo puede basarse en que el acto no entra dentro de la categoría descrita (por ejemplo, que sí había contraprestación real) — no puede rebatirse la presunción de perjuicio como tal.

Presunciones relativas (art. 228.2) — admiten prueba en contrario:

• Los actos a título oneroso con personas especialmente relacionadas con el deudor: socios con más del 10% del capital, administradores, directores, y empresas del grupo. Estos actos se presumen perjudiciales, pero el demandado puede demostrar que la operación se realizó a precio de mercado y en condiciones equivalentes a las que se habrían obtenido con terceros independientes.

La carga de la prueba en estos casos está invertida: es el demandado quien debe probar la ausencia de perjuicio, no la administración concursal quien debe probarlo. Esto hace que las operaciones intragrupo sean especialmente vulnerables: la empresa del grupo debe acreditar con documentación sólida que el precio y las condiciones de la operación respondían a parámetros de mercado. El informe de valoración pericial del activo transmitido o del precio del servicio prestado es habitualmente la prueba determinante.

La excepción de actos ordinarios del giro del negocio

El art. 229.1 TRLC excluye de la rescisión los actos ordinarios del giro o tráfico de la empresa realizados en condiciones normales. Esta excepción protege las operaciones habituales del negocio:

• Pagos a proveedores en el curso ordinario de la actividad.
• Compraventas de mercancía a precio de mercado.
• Cobros de clientes por servicios prestados en el curso ordinario.
• Renovaciones de líneas de crédito en condiciones habituales.

La delimitación de qué es “ordinario” y qué es “extraordinario” es el centro de la mayoría de los litigios de rescisión. La administración concursal calificará como “extraordinario” cualquier acto que le conviene rescindir; la defensa del tercero debe demostrar que el acto era normal en el tráfico de esa empresa y que las condiciones fueron las habituales en el sector. El historial de operaciones similares en períodos anteriores al concurso es la prueba más sólida para acreditar la ordinariedad del acto.

Rescisión concursal y operaciones de grupo: especial vulnerabilidad

Las operaciones entre la empresa insolvente y otras sociedades del mismo grupo concentran la mayor parte de los litigios de rescisión concursal de complejidad alta. Las razones son claras: las presunciones de perjuicio se aplican automáticamente (presunción del art. 228.2), los importes son habitualmente mayores que en operaciones con terceros, y la documentación de las condiciones de mercado no siempre existe o es completa.

Los tipos de operaciones intragrupo más frecuentemente rescindidas son:

Préstamos intercompany: la empresa insolvente prestó dinero a una sociedad del grupo (o la sociedad del grupo prestó dinero a la insolvente y fue devuelto antes del concurso). La devolución del préstamo en los 2 años anteriores al concurso puede rescindirse si el administrador concursal acredita perjuicio.

Transmisiones de activos: la empresa insolvente vendió activos (maquinaria, inmuebles, carteras de clientes) a otras sociedades del grupo a precios que la administración concursal considera inferiores al valor de mercado.

Servicios intercompany: la empresa insolvente facturó servicios de gestión, administración o know-how a otras sociedades del grupo. Si los precios fueron superiores al mercado, la sociedad del grupo puede tener que devolver el exceso.

Asunción de garantías: la empresa insolvente prestó avales o garantías en beneficio de otras sociedades del grupo sin recibir contraprestación equivalente.

Asesoramiento preventivo: identificar el riesgo antes del concurso

Para las empresas que se aproximan a la insolvencia, el análisis preventivo de los actos realizados en los 2 años anteriores es una herramienta de gestión de riesgos que puede tener un impacto muy significativo. Identificar qué operaciones tienen riesgo de rescisión permite:

• Evitar nuevas operaciones rescindibles: aunque no se pueden deshacer los actos del pasado, sí se puede evitar que sigan acumulándose.
• Preparar la documentación de defensa: para las operaciones con riesgo identificado, recopilar la documentación de precios de mercado y condiciones antes de que la administración concursal tenga acceso a ella.
• Informar a las contrapartes: las empresas del grupo y los principales acreedores que han realizado operaciones con la empresa insolvente necesitan conocer el riesgo de rescisión para preparar su defensa.

La coordinación de este análisis preventivo con la estrategia de plan de reestructuración — para las empresas que todavía pueden evitar el concurso — o con la estrategia de concurso de acreedores — para las que ya han entrado — es parte del asesoramiento integral concursal que prestamos en colaboración con Herrera García Abogados.

Para los administradores afectados por la calificación concursal, la rescisión de operaciones vinculadas puede interactuar con los factores de culpabilidad del concurso: las mismas operaciones que se impugnan por rescisión pueden fundamentar la calificación culpable si la administración concursal considera que fueron fraudulentas. La defensa coordinada en ambos procedimientos — rescisión y calificación — es esencial para evitar que una posición defensiva en uno perjudique la posición en el otro.

Errores frecuentes en la defensa frente a la rescisión concursal

1. Ignorar la demanda o responder tarde. Los incidentes concursales de rescisión se tramitan como juicio ordinario con plazos procesales estrictos. El plazo para contestar a la demanda es de 20 días hábiles desde el emplazamiento. Una contestación tardía o la falta de respuesta pueden suponer la declaración de rebeldía procesal y una sentencia estimatoria automática. El primer paso ante una demanda de rescisión es contactar a un especialista en el mismo día de la recepción.

2. Confiar en que “la operación fue legal y se pagó correctamente”. La legalidad del acto no es defensa suficiente. Una deuda puede estar vencida, ser exigible y haberse pagado de forma correcta — y aun así ser rescindida si existían indicios de insolvencia en el momento del pago y la operación supuso una mejora de la posición de ese acreedor frente al resto. La rescisión concursal prescinde del elemento intencional y se centra en el resultado objetivo.

3. No aportar prueba pericial sobre el valor de mercado. En las transmisiones de activos — especialmente inmuebles, participaciones societarias o cartera de clientes — la defensa más sólida frente a la alegación de precio inferior al de mercado es un informe pericial de valoración elaborado por perito independiente. Sin esta prueba, el tribunal solo tiene la declaración de la administración concursal y los indicios documentales. La inversión en un buen informe pericial suele ser la diferencia entre ganar y perder el incidente.

4. Tratar la rescisión de forma aislada del resto del concurso. La misma operación rescindida puede ser relevante en el incidente de calificación concursal si la administración concursal la califica como actuación fraudulenta del administrador. Coordinar la defensa en la rescisión con la estrategia en la calificación es imprescindible: lo que se alegue en un procedimiento puede condicionar el resultado del otro.

Cronograma típico de un incidente de rescisión concursal

Semana 1-2: Recepción de la demanda, análisis urgente del acto impugnado y de las presunciones aplicables. Estrategia de defensa.

Semana 3-4: Elaboración y presentación de la contestación a la demanda. Identificación de la prueba disponible (documental, pericial).

Mes 2-3: Audiencia previa: fijación de los hechos controvertidos y proposición de prueba. El juez decide qué pruebas se admiten y señala fecha para el juicio.

Mes 4-8: Práctica de la prueba admitida (pericial, testifical). Elaboración de los escritos de conclusiones.

Mes 8-12: Sentencia del juzgado mercantil. Si es estimatoria, evaluación del recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El plazo total del incidente de rescisión desde la demanda hasta sentencia de primera instancia suele ser de 8 a 18 meses dependiendo de la carga de trabajo del juzgado mercantil y de la complejidad probatoria del caso. En las Audiencias Provinciales, el recurso de apelación puede añadir 12-18 meses adicionales.

Fuentes y Marco Normativo

• BOE - Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), arts. 226-239
• BOE - Ley 16/2022 de Reforma del TRLC
• CGPJ - Juzgados Mercantiles
• Registro Público Concursal