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Un ayuntamiento consulta si debe repercutir el IVA en los precios públicos de una residencia de mayores gestionada mediante un contrato de servicios. La DGT determina que el ayuntamiento actúa como empresario y que el servicio está sujeto pero exento de IVA, mientras que el contratista debe aplicar el tipo reducido del 4% si cumple los requisitos de la Ley 39/2006.
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