El Real Decreto 162/2026 amplía las funciones y servicios traspasados por el Real Decreto 1079/1985 a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La efectividad del traspaso se produce desde el 3 de marzo de 2026, fecha de publicación en el DOCM. El cambio afecta a la gestión agraria en esa comunidad autónoma, conforme a la disposición transitoria 5 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 9/1982.
Esta normativa no afecta directamente al perfil pyme.
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Las administraciones de Castilla-La Mancha asumen nuevas funciones agrarias desde el 3 de marzo de 2026. Los agentes públicos locales deben adaptar sus procesos de gestión y servicios en materia de reforma y desarrollo agrario. El traspaso se realiza conforme a la normativa previa, sin cambios en el ámbito de competencia ni en los recursos patrimoniales asignados.
Sin acción inmediata para empresas o particulares: la obligación recae en la Administración o el efecto es informativo. Si quieres, te avisamos si esta norma cambia o entra en vigor.
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