El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales n.º 4716-2026, promovido por el Senado frente al Gobierno de la Nación (providencia de 21 de julio de 2026). El litigio versa sobre la disconformidad del Gobierno con la tramitación de las enmiendas 8 y 10 aprobadas por el Senado, las cuales introducen nuevas disposiciones finales en la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia (ref. indice BOE).
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La resolución no modifica directamente la normativa penal, sino que inicia un proceso judicial para determinar la constitucionalidad del procedimiento legislativo seguido en el Senado. El resultado de este conflicto determinará si las nuevas disposiciones sobre multirreincidencia (que afectan al Código Penal y a la Ley de Extranjería) son válidas o si deben ser anuladas por vicios en su tramitación (ref. indice BOE).
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