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Se consulta si una entidad que alquila edificios de oficinas desarrolla una actividad económica o es una entidad patrimonial. La DGT responde que se cumple el requisito de actividad económica aunque no se tenga personal propio mediante la subcontratación de la gestión.
Si, puede entenderse que la consultante desarrolla una actividad de arrendamiento de inmuebles que pueda entenderse como una actividad económica a los efectos del artículo 5.1º de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el arrendamiento de los inmuebles.
Para el arrendamiento de inmuebles, la LIS exige al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa para considerar que existe actividad económica. Sin embargo, en supuestos donde la gestión se externaliza a sociedades especializadas debido a la dimensión de la actividad, se deben entender cumplidos los requisitos del artículo 5.1 de la LIS. La subcontratación de la gestión profesional de activos inmobiliarios permite que la entidad sea considerada como desarrolladora de una actividad económica.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V3530-15 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 17/11/2015 Normativa Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, art: 5. Descripción de hechos La entidad consultante es una entidad española indirectamente participada por una entidad mexicana. La actividad de la consultante consiste en, entre otras, la adquisición, venta, tenencia y gestión de activos inmobiliarios residenciales o comerciales, en construcción o terminados. En particular, la consultante es propietaria de dos edificios de oficinas en Madrid, que gestiona en régimen de arrendamiento. Con el fin de desarrollar la actividad de arrendamiento de los inmuebles, la consultante ha formalizado, entre otros, dos contratos de gestión y administración de los dos edificios con dos entidades gestoras que se obligan a administrar y gestionar los inmuebles. Los gestores disponen de los medios materiales y humanos necesarios para prestar a la consultante los servicios que se han comprometido a prestarle de acuerdo con los contratos de gestión. Los gestores no son sociedades que pertenezcan al grupo de sociedades de la consultante en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio ni son ni serán una entidad vinculada con la consultante a los efectos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Cuestión planteada Si, puede entenderse que la consultante desarrolla una actividad de arrendamiento de inmuebles que pueda entenderse como una actividad económica a los efectos del artículo 5.1º de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el arrendamiento de los inmuebles. Contestación completa El artículo 5 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, (en adelante LIS), regula el concepto de actividad económica y entidad patrimonial, así: “1. Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo. 2. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza una actividad económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto, en los términos del apartado anterior, a una actividad económica. El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, de los balances consolidados.(..).” El artículo 5 define actividad económica como la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, entendiendo que para el caso de arrendamiento de inmuebles existirá actividad económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta la autonomía del concepto de actividad económica frente al mismo concepto regulado para otras figuras impositivas. En este sentido, el preámbulo de la LIS justifica la nueva inclusión de una definición de actividad económica, hasta entonces referenciada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ante la necesidad de que el Impuesto sobre Sociedades, que grava por excelencia las rentas procedentes de actividades económicas, contenga una definición adaptada a la propia naturaleza de las personas jurídicas. Por tanto, la interpretación del concepto de actividad económica en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades debe realizarse a la luz del funcionamiento empresarial societario, y puede diferir de la interpretación que se realice del mismo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por cuanto el mismo concepto puede tener finalidades diferentes y específicas en cada figura impositiva. En este sentido, precisamente, el artículo 3 del Código Civil, de aplicación en la interpretación de las normas tributarias, señala que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.”. En el caso concreto del arrendamiento de inmuebles, la LIS establece que dicha actividad tiene la condición de económica cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. No obstante, la realidad económica pone de manifiesto situaciones empresariales en las que una entidad posee un patrimonio inmobiliario relevante, para cuya gestión se requeriría al menos una persona contratada, realizando la entidad, por tanto, una actividad económica en los términos establecidos en el artículo 5 de la LIS y, sin embargo, ese requisito se ve suplido por la subcontratación de esa gestión a otras sociedades especializadas. Esta situación es la que se produce en el presente caso, en la medida en que la entidad tiene externalizada su gestión y tal y como se manifiesta en el escrito de consulta, la actividad de arrendamiento de inmuebles requiere, dada la dimensión de la actividad que desarrolla la consultante y el volumen e importancia de sus ingresos, de la disposición de una organización empresarial, puesto que, en este caso concreto, los inmuebles están compuestos por edificios de oficinas que conllevan un elevado número de arrendatarios. De manera que contratar la gestión de bienes inmuebles de cierta importancia a terceros profesionalmente dedicados a la gestión de activos, resulta más eficiente que la contratación de un empleado. En conclusión, de los datos señalados en la consulta planteada, en este supuesto se deben entender cumplidos los requisitos señalados en el artículo 5.1 de la LIS a los efectos de determinar que la entidad desarrolla una actividad económica, aun cuando los medios materiales y humanos necesarios para intervenir en el mercado no son propios sino subcontratados a una entidad ajena al grupo mercantil. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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