Las pensiones de invalidez de Suiza solo tributan en España, pero su exención depende de requisitos específicos

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1284-15 Órgano SG de Fiscalidad Internacional Fecha salida 28/04/2015 Normativa CDI Hispano-Suizo, Artículo 18; LIRPF, Artículo 7.f). Descripción de hechos Persona física residente en España, cobra una pensión de invalidez procedente de Suiza, donde estuvo trabajando para una empresa privada. Cuestión planteada El consultante plantea las siguientes cuestiones: - Lugar de tributación de dicha pensión. - En caso de que tributara en España, forma de tributación de la misma. Contestación completa Al percibir el consultante una pensión procedente de Suiza, será de aplicación el artículo 18 sobre pensiones del Convenio entre el Estado Español y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio (BOE de 3 de marzo de 1967), que establece lo siguiente: “Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 19, las pensiones y remuneraciones similares pagadas, en consideración a un empleo anterior, a un residente de un Estado contratante, sólo pueden someterse a imposición en este Estado.”. De acuerdo con dicho precepto, la pensión procedente de Suiza percibida por el consultante residente en el Estado español, en consideración a su trabajo desarrollado en años anteriores en dicho país en una empresa privada, sólo puede someterse a imposición en España. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, dicha renta tributará en España de acuerdo con la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante, IRPF. En concreto, dicha pensión se considera una renta sujeta a tributación en el Impuesto, como rendimiento del trabajo, sin perjuicio de lo establecido, en materia de rentas exentas, en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29 de noviembre), en adelante LIRPF. Al respecto, el artículo 7.f) de la LIRPF declara como rentas exentas a “las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez”. De conformidad con el artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), la incapacidad permanente admite cuatro graduaciones: - Parcial: disminución superior al 33 por 100 para la profesión habitual, que no impide realizar las tareas fundamentales del trabajo. - Total: impide todas las tareas, o al menos las fundamentales, de la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra profesión. - Absoluta: aquella situación que inhabilita para toda profesión u oficio. - Gran invalidez: situación que afecta al trabajador y produce los mismos efectos que la absoluta, pero que, además, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, se necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. De lo anterior se deriva, tal y como ha reiterado este Centro Directivo (consultas V1133-06, V1471-07), que la pensión por invalidez percibida por el consultante gozará de exención en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.f) de la LIRPF siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1º.- Que el grado de incapacidad reconocido pueda equipararse en sus características a la incapacidad absoluta o gran invalidez. El consultante aporta certificado de la Junta de Extremadura, que le reconoce un grado total de minusvalía del 35% y dictamina que no procede la necesidad de concurso de tercera persona, y solicita la equiparación a la legislación española del grado de incapacidad del 100% que tiene reconocido por la Administración suiza. Al respecto, señalar que no corresponde a este Centro Directivo pronunciarse sobre si existe equiparación o, en su caso, homologación de prestaciones por incapacidad permanente en sus grados de absoluta o gran invalidez, entre los distintos regímenes públicos de la Seguridad Social, es decir, el propio de la normativa española en comparación o en referencia a cualquiera otras que regulen la Seguridad Social en el extranjero, por no ser competente por razón de la materia sobre este particular. 2º.- Que la entidad que satisface la prestación goce, según la normativa suiza, del carácter de sustitutoria de la Seguridad Social. Requisitos estos que deberán poderse acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, conforme dispone el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18), ante los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria a quienes corresponderá, en su caso, la valoración de las pruebas aportadas. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.