Las indemnizaciones por daños personales pueden estar exentas en el IRPF según su origen y cuantía

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0507-16 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 09/02/2016 Normativa Ley 35/2006. Art. 7 Descripción de hechos Con fecha 11 de agosto de 2011 el consultante sufrió un accidente de trabajo quedando incapacitado para su profesión habitual de buzo. El 1 de septiembre de 2014 presentó contra la empresa y las aseguradoras una demanda de reclamación de indemnización de daños y perjuicios por un importe total de 215.441,71 €. Con fecha 17 de abril de 2015 la compañía de seguros le abona 80.000 €, por lo que el 5 de mayo se presenta ante el juzgado un desistimiento parcial de la demanda por ese importe. Cuestión planteada Al estar en negociaciones con las demandadas, se pregunta sobre la tributación en el IRPF de la indemnización percibida (80.000 €) y de la que se pueda llegar a percibir. Contestación completa Con carácter general, la determinación de las rentas exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se encuentra recogida en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), incluyendo entre las mismas —en su párrafo d)— las siguientes: “Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre”. Por su parte, el Convenio colectivo aplicable al consultante (II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos) establece en su artículo 22 lo siguiente: “Todos los trabajadores acogidos al este Convenio disfrutarán una póliza de cobertura por accidente de trabajo que cubra las siguientes contingencias e importes: Muerte: 60.000,00 €. Invalidez permanente absoluta: 80.000,00 €. Invalidez permanente total: 80.000,00 €”. En el presente caso, la indemnización de 80.000,00 € percibida no deriva de la obligación de reparar el daño causado (responsabilidad civil) que pudiera corresponder en su caso al empresario, sino que se identifica con el segundo de los supuestos de exención (indemnización por daños personales derivada de contrato de seguro de accidentes: la póliza de cobertura por accidente de trabajo establecida en el artículo 22 del Convenio colectivo) que recoge este párrafo d) del artículo 7 de la ley, por lo que la indemnización estará exenta hasta la cuantía que resulte de aplicar el sistema de valoración de daños y perjuicios que se menciona en este precepto. Respecto a la cuantificación del importe de la indemnización exento, su determinación vendrá dada por la aplicación de los criterios que recoge el propio anexo. Así, en el párrafo b) del número segundo (explicación del sistema) se establece lo siguiente: “Indemnizaciones por lesiones permanentes (tablas III, IV y VI).– La cuantía de estas indemnizaciones se fija partiendo del tipo de lesión permanente ocasionado al perjudicado desde el punto de vista físico o funcional, mediante puntos asignados a cada lesión (tabla VI); a tal puntuación se aplica el valor del punto en euros en función inversamente proporcional a la edad del perjudicado e incrementado el valor del punto a medida que aumenta la puntuación (tabla III); y, finalmente, sobre tal cuantía se aplican los factores de corrección en forma de porcentajes de aumento o reducción (tabla IV), con el fin de fijar concretamente la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados que deberá ser satisfecha, además de los gastos de asistencia médica y hospitalaria”. Por lo que se refiere a la otra indemnización (la que es objeto reclamación judicial), en cuanto derivada de la obligación de reparar el daño causado (responsabilidad civil) que pudiera corresponder en su caso al empresario, procede indicar que —conforme con la configuración legal de la exención— para que las indemnizaciones por responsabilidad civil tengan la consideración de renta exenta es necesario también que se correspondan con daños personales, es decir, daños físicos, psíquicos o morales, y que su cuantía se encuentre legal o judicialmente reconocida. Respecto a la cuantía legal cabe señalar que tal circunstancia se produce cuando una norma determine la cuantía de la indemnización, amparando la exención esta cuantía, estando sujeto y no exento el exceso que pudiera percibirse. Por lo que se refiere a la cuantía judicialmente reconocida, este Centro considera comprendidas en tal expresión dos supuestos: a) Cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial. b) Fórmulas intermedias. Con esta expresión se hace referencia a aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. A título de ejemplo, se pueden citar los siguientes: acto de conciliación judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento y transacción judicial. Dicho lo anterior, en relación con el caso consultado, cabe afirmar que la indemnización objeto de reclamación se corresponde con daños personales, cumpliéndose así el primero de los requisitos. Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos (cuantía legal o judicialmente reconocida), procede señalar que el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, no resulta operativo en este supuesto, pues no se trata de un accidente de circulación ni de un seguro de accidentes, por lo que para que resulte aplicable la exención será necesario —a falta de una norma legal que determine la cuantificación de las indemnizaciones— que su cuantía se establezca judicialmente en los términos antes señalados. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).