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La Resolución de 28 de abril de 2026 deroga el Real Decreto-ley 8/2026 de 20 de marzo, que establecía medidas en el alquiler. Desde la fecha de publicación, los contratos de arrendamiento urbanos ya no pueden aplicar las normas de ese RD-ley, y se deja sin efecto la relación con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre. Esto afecta directamente a los arrendadores y arrendatarios en contratos de viviendas urbanas.
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Los arrendadores pierden las nuevas medidas de alquiler introducidas por el RD-ley 8/2026 y deben volver a aplicar la Ley 29/1994. Los arrendatarios recuperan el derecho a las condiciones previas al RD-ley. Las administraciones locales y los notarios deben actualizar sus registros. Los asesores deben revisar los contratos en curso para asegurar que se aplican las normas anteriores.
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