Los ingresos del FOGASA por diferencias salariales se imputan al ejercicio en que la sentencia judicial sea firme

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2592-16 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 13/06/2016 Normativa LIRPF, 35/2006, Art. 14 Descripción de hechos Por sentencia judicial de 23 de septiembre de 2014, se condenó al empresario individual demandado a abonar a la consultante la cantidad de 7.228,38 euros en concepto de diferencias salariales correspondientes al período octubre de 2012 a junio de 2013, así como se estableció la responsabilidad solidaria de otra persona por 2.409,46 euros del total de 7.228,38. En ambos casos, con intereses de demora del 10% anual. El responsable solidario interpuso recurso de suplicación contra dicha sentencia, recurso que, en la actualidad, está pendiente de sentencia. La consultante presentó demanda de ejecución frente al empresario individual condenado. Con fecha 20 de abril de 2015, previo despacho de ejecución por importe de 7.228,38 euros más 1.120,40 euros presupuestados de intereses y costas, fue decretada la insolvencia total del ejecutado, dando audiencia al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Con fecha 16 de diciembre de 2015, el FOGASA reconoció a la consultante el derecho a percibir 4.708,80 euros en concepto, exclusivamente, de salarios. El FOGASA realizó el pago en enero de 2016. Cuestión planteada Imputación temporal del importe percibido del Fondo de Garantía Salarial. Contestación completa En cuanto a la imputación temporal de los rendimientos del trabajo (calificación que procede en el presente caso), el artículo 14.1 a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, establece, como regla general, que los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigibles por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, en sus letras a) y b), dispone lo siguiente: “a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza. b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputaran a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza. La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto.” Por otra parte, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, establece lo siguiente: “Artículo 22. Iniciación del procedimiento. Uno. El procedimiento de solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía Salarial podrá iniciarse de oficio por acuerdo de la Secretaría General o de la unidad administrativa periférica correspondiente, o a instancia de los interesados. (…). Cuatro. Si el procedimiento se iniciase a instancia de los interesados, la solicitud deberá formalizarse en el modelo que apruebe la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial y que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse directamente en la unidad administrativa periférica del Fondo de Garantía Salarial correspondiente al domicilio del centro de trabajo en que prestan sus servicios los trabajadores o en cualquier otra dependencia a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.” “Artículo 25 Documentación de la solicitud. La solicitud deberá venir acompañada de los siguientes documentos: a) En todo caso: 1. Fotocopia del documento nacional de identidad de cada uno de los trabajadores. 2. Fotocopia de documentos de afiliación a la Seguridad Social o declaración de su situación respecto a la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27. b) Cuando se solicite prestación por salarios adeudados. 1. Certificación del acto de conciliación o testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda, en este último caso con la debida diligencia de firmeza. 2. Cuando la deuda salarial se refiera a diferencias existentes entre la retribución percibida por el trabajador y la legalmente correspondiente, deberá especificarse en el acuerdo conciliatorio las normas legales o convencionales en que se fundamenta la reclamación salarial y los períodos a que se refieren las diferencias. 3. Cuando se solicite prestación por insolvencia, resolución en la que conste la insolvencia del empresario, subsiguiente a la iniciación del procedimiento ejecutivo regulado por la Ley de Procedimiento Laboral. 4. En el supuesto de procedimiento concursal, testimonio de la resolución judicial por la que se tiene por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores, acompañado de certificación de inclusión de los créditos de los trabajadores en la lista de acreedores por un importe igual o superior al que se solicite al Fondo de Garantía Salarial. c) Cuando se solicite prestación por indemnización no abonadas: (…)”. En el presente caso, en la resolución del FOGASA consta que “se ha aportado la documentación exigida en el art. 25 del R.D. 505/85, de 6 de marzo (B.O.E. de 17 de abril) y cuya relación se omite por economía administrativa”. Por tanto, la cantidad percibida por la consultante del FOGASA procederá imputarla al período impositivo en el que la resolución judicial, que determinó su derecho a percibir el referido importe en concepto de diferencias salariales, adquiera firmeza. Al respecto -de haberse aportado- se estará al “testimonio de la sentencia en que se reconozca la deuda, en este último caso con la debida diligencia de firmeza”, según establece el artículo 25.b) del citado Real Decreto. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.