Los servicios de abogacía para un cliente particular en Canarias están sujetos a IVA según la localización del prestador

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2503-17 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 05/10/2017 Normativa Ley 37/1992, arts. 4, 5, 11, 69, 70, 72 y 88.6 RIRPF RD 439/2007, arts. 74, 75 y 76 Descripción de hechos El consultante es una persona física que ejerce la abogacía y que ha intervenido en un proceso judicial de división de cosa común representando a una persona física establecida en las Islas Canarias que resultó ser heredero del bien que suscita el pleito. Cuestión planteada Repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y sometimiento a retención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Contestación completa 1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre) estarán sujetas al impuesto “las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”. Por otra parte, el artículo 5 de la Ley del impuesto señala que: “Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. (…)”. Define el artículo 5, en su apartado dos, de la Ley del impuesto las actividades empresariales o profesionales como “las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios (…)”. Por su parte, el artículo 11 de la Ley 37/1992 define las prestaciones de servicios como “toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes.” De conformidad con lo anterior, la consultante tiene, a los efectos del impuesto, la condición de empresario o profesional y las operaciones por ella efectuadas como abogado deben ser calificadas como prestaciones de servicios que estarán sujetas al impuesto cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Las prestaciones de servicios deberán localizarse de conformidad con las reglas de localización contenidas en los artículos 69, 70 y 72 de la Ley 37/1992, estableciendo el artículo 69 que: “Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos: 1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste. 2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto. (…).” En la aplicación de las reglas contenidas en el artículo 69 de la Ley del impuesto antes reproducido resulta esencial determinar la condición en la que actúa el destinatario del servicio en cuestión. A estos efectos, la aplicación de la regla contenida en el artículo 69.Uno.1º de la Ley del impuesto no sólo requiere que el destinatario sea un empresario o profesional sino que se trate de un empresario o profesional actuando como tal. Lo dispuesto en el artículo 69.Uno.1º de la Ley 37/1992 es trasposición de lo dispuesto en el artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido que establece que: “El lugar de prestación de servicios a un sujeto pasivo que actúe como tal será el lugar en el que este tenga la sede de su actividad económica. No obstante, si dichos servicios se prestan a un establecimiento permanente del sujeto pasivo que esté situado en un lugar distinto de aquel en el que tenga la sede de su actividad económica, el lugar de prestación de dichos servicios será el lugar en el que esté situado ese establecimiento permanente. En defecto de tal sede de actividad económica o establecimiento permanente, el lugar de prestación de los servicios será el lugar en el que el sujeto pasivo al que se presten tales servicios tenga su domicilio o residencia habitual.” En cuanto a la determinación de la naturaleza del destinatario de los servicios, el artículo 17.1 del Reglamento 282/2011, del Consejo, de 15 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE: “1. Cuando el lugar de realización de la prestación de servicios se determine en función de si el cliente es o no sujeto pasivo, la condición del cliente se determinará con arreglo a los artículos 9 a 13 y al artículo 43 de la Directiva 2006/112/CE”. Por su parte, el artículo 19 del Reglamento 282/2011 preceptúa que: “A efectos de la aplicación de las normas relativas al lugar de realización de la prestación de servicios establecidas en los artículos 44 y 45 de la Directiva 2006/112/CEE, se considerará que un sujeto pasivo, o una persona jurídica que no tenga la condición de sujeto pasivo y sea considerada como tal, que reciba servicios para fines exclusivamente privados, incluidos los de su personal, no tiene la condición de sujeto pasivo. Salvo que disponga de información que indique lo contrario, como la relativa a la naturaleza de los servicios prestados, el prestador podrá considerar que los servicios están destinados a los fines de la actividad económica del cliente cuando, para la operación en cuestión, el cliente le haya comunicado su número de identificación individual a efectos del IVA. Cuando un mismo y único servicio se destine tanto a fines privados, incluidos los del personal del cliente, como a los fines de la actividad económica, la prestación de dicho servicio estará sujeta exclusivamente al artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE, siempre que no exista ninguna práctica abusiva”. Debe tenerse en cuenta que la expresión “sujeto pasivo” utilizada tanto en la Directiva del impuesto como en su Reglamento de aplicación debe entenderse referida al concepto de “empresario o profesional” tal y como queda delimitado en la Ley 37/1992. Por tanto, aplicando lo anterior al supuesto planteado en la presente consulta y teniendo en cuenta que la intervención del consultante parece que tiene por objeto la defensa de un derecho perteneciente a la esfera privada de su cliente –pues no parece que el bien inmueble objeto de la acción de división de cosa común estuviera afecto al desarrollo de su actividad empresarial o profesional-, debe llegarse a la conclusión que el servicio de abogacía en cuestión está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de la regla contenida en el artículo 69.Uno.2º de la Ley 37/1992 por tener el consultante, como parece inferirse del escrito de la consulta, la sede de su actividad económica en el territorio de aplicación del impuesto. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 88.seis de la Ley 37/1992: “Seis. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de las correspondientes reclamaciones en la vía económico-administrativa”. 2. En desarrollo del artículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), el artículo 74 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, dispone que: “1. Las personas o entidades contempladas en el artículo 76 de este Reglamento que satisfagan o abonen las rentas previstas en el artículo 75, estarán obligadas a retener e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este Reglamento. (…).” El artículo 75.1.c) del RIRPF determina cuales son las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, incluyendo entre las mismas “los rendimientos de actividades profesionales”. Y el artículo 76 del RIRPF establece lo siguiente: “1. Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación: a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas. b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades. (…)”. De acuerdo con lo expuesto, si, como se indica en el escrito de consulta, las rentas no han sido satisfechas en el ejercicio de una actividad económica del obligado al pago, no existirá obligación de practicar retención a cuenta del impuesto. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.