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V2287-17 8 de septiembre de 2017 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · rendimientos del capital inmobiliario

Los gastos de una demanda de desahucio se deducen en el periodo impositivo en que se satisfacen

Un propietario consulta sobre el tratamiento de los gastos de una demanda de desahucio y las rentas no cobradas. La DGT indica que las rentas deben imputarse aunque no se hayan percibido y los gastos de desahucio se deducen cuando se paguen.

La cuestión planteada

Tributación y tratamiento de los gastos ocasionados por la demanda de desahucio.

El criterio de la DGT

Los rendimientos del capital inmobiliario deben imputarse al periodo en que sean exigibles, incluso si no se han cobrado. Los saldos de dudoso cobro pueden deducirse tras seis meses de impago sin renovación de crédito. Los gastos de defensa jurídica por la demanda de desahucio se deducen en el ejercicio en que se satisfagan.

Implicaciones prácticas

  • Las rentas no percibidas deben integrarse en la base imponible del ejercicio en que sean exigibles.
  • Los gastos de defensa jurídica por desahucio solo reducen la base imponible en el ejercicio de su pago efectivo.
  • La deducción por saldos de dudoso cobro requiere acreditar seis meses de impago sin renovación de crédito.

Puntos de planificación

  • Valorar el impacto de la imputación de rentas no cobradas en la carga tributaria anual.
  • Analizar la periodicidad de los pagos de defensa jurídica para optimizar la deducción de gastos.

Checklist

  • Verificar la exigibilidad de las rentas para su correcta imputación al periodo impositivo.
  • Comprobar que los gastos de desahucio han sido efectivamente satisfechos en el ejercicio.
  • Acreditar la inexistencia de renovación de crédito tras seis meses de impago para deducir saldos de dudoso cobro.
  • Documentar los justificantes de pago de los gastos de defensa jurídica.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2287-17 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 08/09/2017 Normativa Ley 35/2006, arts, 14, 22 y 23 Descripción de hechos El consultante tiene arrendada una vivienda, habiendo dejado los inquilinos de efectuar el pago de las rentas del alquiler desde el mes de julio de 2016. En el año 2017 ha procedido a presentar demanda de desahucio. Cuestión planteada Tributación y tratamiento de los gastos ocasionados por la demanda de desahucio. Contestación completa Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad económica, por no reunir los requisitos previstos en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, los rendimientos derivados del arrendamiento de la vivienda constituyen rendimientos del capital inmobiliario, según lo dispuesto en el artículo 22, según el cual: “1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza. 2. Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, el Impuesto General Indirecto Canario”. En cuanto a su imputación temporal, el artículo 14.1.a) de la LIRPF establece que “Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor”. El artículo 23.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), recoge los gastos que, para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, podrán deducirse de los rendimientos íntegros, entre ellos “los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se establezcan reglamentariamente”. En desarrollo del artículo 23.1 de la LIRPF, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF, dispone que “tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención. En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior: (…). d) Los ocasionados por la formalización arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes, derechos o rendimientos. e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. Se entenderá cumplido este requisito: 1.º Cuando el deudor se halle en situación de concurso. 2.º Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de seis meses, y no se hubiese producido una renovación de crédito. Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro. (…)” De lo anteriormente expuesto cabe concluir lo siguiente: 1º. El consultante deberá imputar en el año 2016 y, en su caso, siguientes, en tanto continúe vigente el arrendamiento, como rendimiento íntegro del capital inmobiliario, las cantidades correspondientes al arrendamiento de la vivienda, incluso aunque no hayan sido percibidas. 2º. Del rendimiento íntegro computado podrá deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez transcurrido el plazo de seis meses exigido reglamentariamente. 3º. En el caso de que la deuda fuera cobrada posteriormente a su deducción como gasto, deberá computar el ingreso en el año en que se produzca dicho cobro. 4º. Los gastos ocasionados por la demanda de desahucio se deducirán en el periodo impositivo en que se satisfagan. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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