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Un inversor pregunta si puede deducir como pérdida patrimonial el dinero perdido en una plataforma de crowdfunding letona tras su insolvencia. La DGT responde que la falta de pago no genera automáticamente una pérdida, ya que persiste el derecho de crédito contra el deudor.
Existencia de una pérdida patrimonial.
La existencia de un derecho de crédito impide que la falta de pago sea automáticamente una pérdida patrimonial. Para que sea imputable, el crédito debe ser judicialmente incobrable, ya sea por resoluciones en un concurso de acreedores o por procedimientos de ejecución forzosa que demuestren la imposibilidad de cobro. En el caso concreto, la insolvencia de la plataforma no permite determinar una pérdida patrimonial en 2023 bajo los términos legales.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2097-24 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 26/09/2024 Normativa Ley 35/2006, art. 33 Descripción de hechos Sostiene el consultante: "Hace unos 4 años invertí en una plataforma de crowdfounding letona llamada XXX, cuya actividad consistía en poner en contacto a inversores con originadores de préstamos (...) a particulares y empresas. Dicha plataforma con la llegada de la pandemia quebró, y el dinero desapareció. Hay ya en 2023 una resolución judicial letona que confirma la insolvencia de XXX, (...). El proceso judicial de esta sentencia se refiere a un único inversor, que no soy yo, de la plataforma de afectados por esta estafa, y la plataforma lo hizo así para ahorrar costas legales (la estafa se eleva en conjunto a millones) y acelerar el proceso (si no serían más de 2000 afectados y miles de documentos); una vez conseguido el reconocimiento de la insolvencia, se sumaría la reclamación de los restantes inversores de la plataforma al administrador concursal. El hecho es que aunque haya declaración de insolvencia no existe ya el dinero ni patrimonio de XXX que repartir entre los estafados". Cuestión planteada Existencia de una pérdida patrimonial. Contestación completa La determinación legal del concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que en su apartado 1 establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. Desde esta configuración legal de las ganancias y pérdidas patrimoniales, la falta de pago por un deudor a su acreedor de un importe adeudado no da lugar de forma automática a la existencia de una pérdida patrimonial, dada la consideración de existencia de un derecho de crédito que la parte acreedora tiene contra la parte deudora. Con el planteamiento anterior (existencia de un derecho de crédito), el criterio que sobre el particular venía manteniendo este Centro directivo es que solo cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus efectos en la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entendiéndose que sería en ese momento y período impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente (pérdida patrimonial) por el importe no recuperado. A este respecto, procede señalar que el carácter de judicialmente incobrable se venía entendiendo referido tanto a las resoluciones judiciales firmes dictadas en un concurso de acreedores que determinasen la imposibilidad jurídica de cobrar, como a las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de ejecución forzosa dirigidos al cobro del derecho de crédito que de hecho pusieran de manifiesto la imposibilidad de cobro. A partir de 1 de enero de 2015, se introdujo en la normativa del Impuesto una regla especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, la letra k) del artículo 14.2 de la Ley del Impuesto, añadida por el apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, determina lo siguiente: “Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable a los que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a los cuales se refiere el Título X de la misma Ley. 2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita en el importe del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. En otro caso, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas a las que se refieren los apartados 1.º, 4.º y 5.º del artículo 176 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho. Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la pérdida patrimonial a que se refiere esta letra k), se imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el período impositivo en que se produzca dicho cobro”. A su vez, la disposición adicional vigésima primera de la misma ley determina que “a efectos de la aplicación de la regla especial de imputación temporal prevista en la letra k) del artículo 14.2 de esta Ley, la circunstancia prevista en el número 3.º de la citada letra k) únicamente se tendrá en cuenta cuando el plazo de un año finalice a partir de 1 de enero de 2015”. Expuesto lo anterior, en el supuesto consultado —conforme con los datos aportados en el escrito de consulta y que se refieren en el apartado “descripción sucinta de hechos”— no puede entenderse producida una pérdida patrimonial respecto a la inversión realizada, pues el derecho de crédito correspondiente a esa inversión no se encuentra en situación que pudiera determinar para el consultante en 2023 una pérdida patrimonial en los términos anteriormente reseñados. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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