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Se consulta si una fusión por absorción genera la existencia de dos pagadores para determinar la obligación de presentar la declaración del IRPF. La DGT responde que la empresa que absorbe mantiene la condición de mismo pagador para los trabajadores de la empresa absorbida.
A efectos de determinar la obligación de presentar la declaración del IRPF-2019, pregunta sobre la existencia de uno o dos pagadores como consecuencia de la subrogación empresarial.
En los supuestos de sucesión de empresa, la entidad cesionaria mantiene la condición de mismo pagador para determinar el tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo. Por tanto, no se considera la existencia de más de un pagador para aplicar los límites de obligación de declarar del artículo 96 de la LIRPF. El límite aplicable será el de 22.000 euros anuales y no el de 14.000 euros.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1634-20 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 27/05/2020 Normativa LIRPF. Ley 35/2006. Art 96. Descripción de hechos El consultante ha percibido en 2019 sus rendimientos del trabajo, de dos entidades mercantiles. La existencia de dos pagadores es consecuencia de una operación de fusión por absorción producida durante el año 2019. Cuestión planteada A efectos de determinar la obligación de presentar la declaración del IRPF-2019, pregunta sobre la existencia de uno o dos pagadores como consecuencia de la subrogación empresarial. Contestación completa Al regular la sucesión de empresa, el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (BOE del día 24), dispone que “el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”. Por su parte, en el ámbito tributario, el artículo 84 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, de 27 de noviembre, incluido en el capítulo referido al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, establece respecto a la subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias lo siguiente: "1. Cuando las operaciones mencionadas en el artículo 76 u 87 de esta Ley (fusión, escisión...) determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los derechos y obligaciones tributarias de la entidad transmitente. (....)" Asimismo, el artículo 42.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18) determina que "serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: a) (...). c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. (...)”. Esta doble incidencia que en los ámbitos laboral y tributario tiene la sucesión de empresa nos lleva a concluir, por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que la empresa cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente. La obligación de declarar se recoge en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que en el ámbito que aquí interesa —referido únicamente a los rendimientos del trabajo (no consistentes en prestaciones pasivas) y a la existencia de más de un pagador — exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador , en cuyo caso el límite anterior será de 14.000 euros siempre que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores , por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, si no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros. Esta configuración en dos niveles de la obligación de declarar respecto a los rendimientos del trabajo —hasta 22.000 euros y hasta 14.000 euros— encuentra su explicación en el sistema de retenciones aplicable sobre estos rendimientos, sistema que busca una igualdad entre las retenciones practicadas y la cuota impositiva. Evidentemente, esa igualdad sólo puede lograrse en el primero de los niveles referidos, pues la intervención de un único pagador de rendimientos permite alcanzar esa igualdad, operando así la retención como impuesto definitivo, sin necesidad de tener que presentar la declaración del impuesto, pues el ingreso ya se ha efectuado a través de las retenciones. Por el contrario, en el segundo nivel, el hecho de intervenir dos pagadores independientes, que por tanto el uno no tiene en cuenta las retribuciones satisfechas por el otro (por lo que no se ha producido la igualdad, antes referida, entre las retenciones practicadas y la cuota impositiva), ha forzado al legislador a bajar el límite de la obligación de declarar a 14.000 euros. Al considerarse, según se ha señalado anteriormente, que en los supuestos de sucesión de empresa la cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa cedente, la consideración de existencia de un único pagador de rendimientos del trabajo lleva a establecer que el límite determinante de la obligación de declarar será el de 22.000 euros. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley General Tributaria.
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