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Una empresa consulta si el arrendamiento de una nave industrial junto con sus instalaciones, utillaje y existencias debe estar sujeto a retención de Impuesto sobre Sociedades. La DGT determina que, al no cumplir los requisitos de arrendamiento de negocio, se trata de un arrendamiento inmobiliario sujeto a retención.
Si el arrendamiento de la nave industrial, junto con sus instalaciones, debe estar sujeto a retención.
El arrendamiento de una nave con medios materiales no constituye un arrendamiento de negocio si no se ceden medios humanos o una estructura organizativa completa que permita la explotación inmediata de una unidad patrimonial con vida propia. Al ser un arrendamiento de inmueble urbano, existe la obligación de practicar retención sobre la totalidad de la renta, salvo que concurran las excepciones del artículo 59.i del RIS.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0310-14 Órgano SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Fecha salida 10/02/2014 Normativa RIS / RD 1777/2004 ; art. 58 y 59 TRLIS / RD Legislativo 4/2004 ; art. 140 Descripción de hechos La entidad consultante desarrollaba una actividad de fabricación de muebles de cocina y baño, y se encontraba dada de alta en el epígrafe del IAE 468.1 "Fabricación muebles de madera". En julio de 2013 procedió a arrendar la nave industrial, junto con las instalaciones, utillaje y existencias para el desarrollo de la actividad de fabricación de muebles de madera. Consecuentemente, la entidad consultante se ha dado de baja en el epígrafe 468.1 del IAE, y de alta en el epígrafe 8612.1 "Alquiler de locales". Para el desarrollo de la actividad de arrendamiento, la entidad consultante dispone de personal y local físico. Cuestión planteada Si el arrendamiento de la nave industrial, junto con sus instalaciones, debe estar sujeto a retención. Contestación completa El artículo 140.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, dispone que “Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de retención indicados en el apartado 6 de este artículo a la base de retención determinada reglamentariamente, y a ingresar su importe en el Tesoro en los casos y formas que se establezcan”. El artículo 58 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, dispone que: “1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respecto de: (…) e) Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas. (…) 2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de bienes y derechos de los incluidos en el apartado 4 del artícu lo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, deberá practicar retención sobre el importe total. Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas, conjuntamente con otros bienes muebles, no se practicará la retención excepto si se trata del arrendamiento o cesión de negocios o minas. (…)” Por otra parte, el artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio señala que entre los rendimientos de capital mobiliario se encuentran: “los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del subarriendo percibidos por el subarrendador, que no constituyan actividades económicas.” El presente caso consiste en un arrendamiento de nave industrial, junto con las instalaciones, utillaje y existencias. Añade el consultante que la entidad arrendadora dispone de personal y cuenta con un local para el desarrollo de la actividad de arrendamiento. A efectos de calificar el contrato de arrendamiento celebrado por la consultante como contrato de arrendamiento de inmueble (nave industrial) o contrato de arrendamiento de industria o negocio, es preciso traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 21 de febrero de 2000, número 137/2000, en virtud de la cual: “La doctrina de esta Sala relativa a la distinción entre los arrendamientos de local de negocio y los de industria es absolutamente diáfana, destacando que mientras en los primeros se cede el elemento inmobiliario, es decir, un espacio construido y apto para que en él se explote el negocio, en los segundos el objeto contractual está determinado por una doble composición integradora, por un lado el local, como soporte material, y por otro, el negocio o empresa instalada y que se desarrolla en el mismo, con los elementos necesarios para su explotación, conformando un todo patrimonial. En este sentido cabe citar las Sentencias de 13 y 21 de Diciembre de 1990, de 20 de Septiembre de 1991, y 19 y 25 de Mayo de 1992, 17 y 10 de Mayo de 1993, 22 de Noviembre de 1994, 4 de Octubre de 1995 y 8 de Junio de 1998, entre otras. (...).” De acuerdo con esta jurisprudencia, el contrato de arrendamiento de negocio ha de entenderse como aquel arrendamiento cuyo objeto es una unidad patrimonial que tiene vida propia, que se encuentra en condiciones de funcionamiento inmediato cuando se arrienda y va a seguir siendo explotado de la misma forma y manera por el arrendatario durante la vigencia del mismo. Ello supone la existencia previa de una empresa o negocio que el arrendador explotaba y posteriormente alquila. En definitiva, tal y como manifiesta en la sentencia del TS señalada, el arrendamiento de negocio debe conllevar el propio negocio desarrollado en el local arrendado. Asimismo, es preciso que la actividad de arrendamiento de negocio constituya para la sociedad arrendadora una actividad económica que desarrolle de forma continuada en cumplimiento de su objeto social. Será necesario, a estos efectos, que la sociedad arrendadora cuente con una estructura organizativa propia que resulte adecuada y suficiente para el desarrollo de la actividad. De los datos que se derivan de la consulta, no parece que se cumplan los requisitos arriba señalados. En efecto, señala el consultante que se ha suscrito un contrato de cesión mediante arrendamiento de una nave industrial junto con otros medios materiales relativos a dicha nave (instalaciones, utillaje y existencias), pero no se mencionada nada en relación a la cesión de medios humanos u otros elementos necesarios para la explotación de la nave con una estructura organizativa completa en el sentido arriba mencionado. En consecuencia, parece que no nos encontramos ante una operación de arrendamiento de negocio, sino ante un simple arrendamiento inmobiliario por lo que resultaría de aplicación lo señalado en el artículo 58 del RIS, que establece la obligatoriedad de practicar retención para las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, aún cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas, salvo que concurran las circunstancias establecidas en el artículo 59.i) del Real Decreto 1777/2004, que excepciona de la obligación de retener. Al respecto, el artículo 59 en su letra i) del RIS establece que: “No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de: (…) i. Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos en los siguientes supuestos: Cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus empleados. Cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los 900 euros anuales. Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, o en algún otro epígrafe que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, y aplicando al valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 861, no hubiese resultado cuota cero. A estos efectos, el arrendador deberá acreditar frente al arrendatario el cumplimiento del citado requisito, en los términos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda.” Por lo tanto, en la medida en que no se den ninguno de los supuestos del artículo 59.i del RIS, la renta satisfecha a la entidad consultante debe ser objeto de retención en su totalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 58 del RIS. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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