Un contribuyente pregunta si puede deducir los honorarios de su abogado por un despido en el ejercicio en que se pagaron o en el que ocurrió el conflicto. La DGT responde que estos gastos se imputan al periodo en que son exigibles, independientemente de cuándo se generaron los ingresos reclamados.
Cuestión planteada Criterios de deducibilidad de dichos gastos de abogado en su declaración de IRPF.
Los gastos de defensa jurídica son deducibles cuando se trata de honorarios de profesionales del Derecho que defienden al perceptor de rendimientos del trabajo en desacuerdos con su pagador. Estos gastos deben imputarse al periodo impositivo en que sean exigibles, con un límite de 300 euros anuales. Es posible generar rendimientos negativos si los ingresos del trabajo no superan el gasto abonado.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0305-21 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 19/02/2021 Normativa LIRPF. Ley 35/2006, Art. 19. Descripción de hechos El consultante fue despedido de su empresa en julio de 2020, por lo que contrató a un abogado, que le ha originado una serie de pagos. Al llegar a un acuerdo en sede judicial, el consultante ha pagado al abogado su minuta en enero de 2021, emitiéndose la factura correspondiente. En 2021, el consultante no tiene rendimientos de trabajo, ni prevé tenerlos. Cuestión planteada Criterios de deducibilidad de dichos gastos de abogado en su declaración de IRPF. Contestación completa La regulación de los gastos deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo se encuentra recogida en el artículo 19.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29) con la siguiente configuración: “Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios. b) Las detracciones por derechos pasivos. c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares. d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca. e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales. f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales. (…)”. Respecto a qué se entiende por defensa jurídica, este Centro Directivo considera que tal concepto se delimita en torno a la intervención de profesionales del Derecho que defienden los intereses del contribuyente (perceptor de rendimientos del trabajo) en los desacuerdos o disconformidades que pueda tener con la persona de quien percibe los rendimientos. Por tanto, solamente los honorarios de estos profesionales serán los que se consideren incluidos en este concepto de gasto y siempre dentro del límite de los 300 euros anuales. Conforme con esta configuración normativa, los gastos de defensa jurídica de un procedimiento judicial iniciado en un ejercicio y finalizado en otro, deben imputarse al período impositivo de su exigibilidad con el límite de 300 euros anuales, y ello con independencia de la imputación temporal que pudiera corresponder a los ingresos reclamados. Respecto a la imputación temporal de estos gastos, su consideración de deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo nos lleva a la regla general de imputación que al respecto establece el artículo 14.1 de la LIRPF: “Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor. (…)”. Conforme con esta configuración normativa, los gastos de defensa jurídica los deberá imputar la consultante al período impositivo de su exigibilidad con el límite de 300 euros anuales, y ello con independencia de la imputación temporal que pudiera corresponder a los ingresos reclamados. En consecuencia, como el importe de los gastos de defensa jurídica fueron exigibles en enero de 2021, deben incluirse en la declaración del IRPF de 2021 con el límite de 300 euros anuales, no procediendo su integración en la declaración del IRPF de 2020. Por tanto, dicho gasto de abogado realizado por el consultante en 2021, tendrán para aquél la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del trabajo en su declaración de IRPF de 2021, con el límite de 300 euros anuales, pudiendo resultar este tipo de rendimientos negativos si el consultante no obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen el gasto abonado. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).