Las diferencias salariales reconocidas por sentencia deben imputarse al ejercicio en que la resolución sea firme

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0063-22 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 17/01/2022 Normativa LIRPF, Ley 35/2006, Art. 14. Descripción de hechos El consultante percibió en enero de 2021 unas diferencias salariales debidas por la empresa en la que trabaja en virtud de lo dispuesto en sentencia de 20 de octubre de 2020. La empresa, en relación con el interés de demora fijado en la sentencia, solicitó aclaración de la misma, y el Juzgado de lo Social dictó auto de fecha 17 de diciembre de 2020 en el que suprimía la imposición de interés por mora fijado en la sentencia antes mencionada. La empresa, realizó el pago de las diferencias salariales antes mencionadas en 2021, una vez le fue notificado el mencionado auto en el mes de enero, declarado dicha retribución como rendimiento del período impositivo 2021. Cuestión planteada Criterio de imputación temporal en el IRPF de las diferencias salariales percibidas por el consultante. Contestación completa Desde la calificación como rendimientos del trabajo que -conforme con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (BOE del día 29), en adelante LIRPF -, procede otorgar a las diferencias salariales objeto de consulta, procede analizar la determinación de su imputación temporal. La imputación temporal de los rendimientos del trabajo se regula en el artículo 14.1.a) de la LIRPF, que establece, como regla general, que los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigibles por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, en sus letras a) y b), dispone lo siguiente: "a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza. b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputaran a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza. La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto". Expuesto lo anterior, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (BOE de 2 de julio), dispone lo siguiente: “Artículo 245. 1. Las resoluciones de los Jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán: (…) c) Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban revestir esta forma. (…) 3. Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. (…).” Artículo 267. 1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. 2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. 3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento. 4. Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plenamente a efecto podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior. 5. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. 6. Si el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado. 7. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia cuando se precise aclarar, rectificar, subsanar o completar los decretos que hubiere dictado. 8. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se resuelva acerca de la aclaración, rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o decreto a que se refiera la solicitud o actuación de oficio del Tribunal o del Letrado de la Administración de Justicia. 9. Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.”. De acuerdo con lo expuesto, la sentencia por la que se reconocen las diferencias salariales devino firme en 2020, y la aclaración de sentencia se refiere exclusivamente a los intereses inicialmente fijados por sentencia. La aplicación de la normativa expuesta al supuesto planteado, imputación temporal de las diferencias salariales reconocidas por sentencia judicial, nos lleva a las siguientes conclusiones: 1ª. Procederá imputar al período impositivo en el que la resolución judicial haya adquirido firmeza, que se produce en 2020, los rendimientos, diferencias salariales, reconocidos en la resolución judicial (art. 14.2.a) de la LIRPF. 2ª. Al haber percibido dichas diferencias salariales reconocidas por sentencia firme de 2020 en enero de 2021, con anterioridad al inicio del período de declaración del impuesto del año 2020, procederá imputarlas en su totalidad en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del referido año 2020. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.