Las prestaciones por incapacidad y sus anticipos se imputan al periodo en que la sentencia judicial adquiera firmeza

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V5057-16 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 22/11/2016 Normativa Ley 35/2006. Art. 14 Descripción de hechos Sentencias de la jurisdicción social reconociendo la prestación de incapacidad permanente parcial que son recurridas por la mutua consultante y respecto a las que -al amparo del artículo 289 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social- son solicitados anticipos por los trabajadores. Cuestión planteada Imputación temporal en los supuestos en que anticipos y sentencias confirmatorias se producen en diferentes períodos impositivos. Contestación completa El artículo 289 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE del día 11), dispone lo siguiente respecto al abono de anticipos: “1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a cuenta de aquélla, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, en los términos establecidos en esta Ley. 2. El anticipo alcanzará, como máximo total, hasta el 50 por ciento del importe de la cantidad reconocida en la sentencia, pudiendo abonarse en períodos temporales durante la tramitación del recurso, desde la fecha de la solicitud y hasta que recaiga sentencia definitiva o por cualquier causa quede firme la sentencia recurrida. 3. La cantidad no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo interprofesional fijado para trabajadores mayores de dieciocho años, incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su devengo”. Se plantea en primer lugar la imputación temporal del anticipo percibido por los trabajadores demandantes en aplicación del precepto transcrito. Al respecto, el hecho de tratarse de un anticipo a cuenta de la cantidad fijada por sentencia judicial, sentencia que ha sido recurrida, nos lleva —a efectos de determinar el período de imputación— al artículo 14.2,a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), donde se determina que “cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza”. El carácter de anticipo a cuenta reintegrable (si se revoca la sentencia impugnada) y el estado de pendencia de la resolución judicial recurrida nos lleva a determinar que, en aplicación del artículo 14.2,a) de la Ley del Impuesto no procede realizar imputación alguna en tanto no adquiera firmeza la resolución judicial. Por tanto, será al período impositivo en que la resolución judicial devengue firme al que proceda imputar las prestaciones por incapacidad permanente parcial (anticipo incluido) que en ejecución de sentencias judiciales tenga que satisfacer la mutua consultante. Por lo que se refiere al cálculo de la retención aplicable sobre estas prestaciones por incapacidad permanente parcial que satisfaga la mutua como entidad gestora de la Seguridad Social, su consideración de rendimientos del trabajo (conforme al artículo 17 de la Ley del Impuesto) conlleva que su determinación se efectúe según lo dispuesto en el apartado 1.1º del artículo 80 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), lo que comporta la determinación del importe de la retención conforme con el procedimiento general regulado en el artículo 82 y siguientes del mismo Reglamento, debiendo tenerse también en cuenta, por ello, tanto el límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener, recogido en el artículo 81.1 del mismo, como la reducción del 30 por ciento que el artículo 18.3 de la Ley del Impuesto establece para las prestaciones por invalidez percibidas en forma de capital de los regímenes públicos de la Seguridad Social, reducción que incide en el cálculo de la retención a través de su minoración de la cuantía total de las retribuciones del trabajo, a efectos de determinar una de las operaciones del procedimiento general para determinar el importe de la retención: la base para calcular el tipo de retención (artículo 83 del mismo Reglamento). En relación con lo anterior, procede aclarar que la retención se practicará cuando se satisfagan los rendimientos como tales, es decir, cuando en ejecución de sentencia firme la mutua abone los importes de las prestaciones por incapacidad, importes que, evidentemente, incorporan también los anticipos que pudieran haberse obtenido con anterioridad. Lo que comunico a ustedes con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).